El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, expresó su desacuerdo con la propuesta de reforma constitucional que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y en su lugar crear una Escuela Nacional de la Magistratura, encargada de formar, designar y evaluar a jueces y fiscales.
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Este martes, durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Legislativo, Villena Campana señaló que “por lo menos en este momento, no sería factible implementar” el proyecto de ley 6816/2023-CR, el cual viene siendo objeto de debate en el referido grupo de trabajo parlamentario.
El titular del Ministerio Público también cuestionó tres puntos del proyecto de reforma constitucional que pretende reemplazar la JNJ con una institución educativa nacional.
En primer lugar, expresó sus dudas sobre la iniciativa de que aquellos que ingresen a la carrera a través e concurso público tenga una formación “a dedicación exclusiva” por dos años. “¿Quién le va a pagar remuneraciones en esos dos años?”, cuestionó.
Villena calculó que actualmente, el 80% de los estudiantes en la Academia de la Magistratura son auxiliares del Ministerio Público y del Poder Judicial, a quienes consideró futuros miembros de estas instituciones. Todos estos individuos tendrían que solicitar licencia para enfocarse exclusivamente en este proceso.
Además expresó sus dudas hacia la propuesta en cuanto a la composición del Consejo Directivo, que se sugiere que esté conformado por tres individuos: un juez supremo y un fiscal supremo, ambos en ejercicio o jubilados, ya que se plantea que desempeñen este rol durante cinco años con dedicación exclusiva.
“Es decir, un fiscal supremo titular ya no va a cumplir funciones fiscales y se va a la academia de la magistratura por cinco años [...] Ahora solo hay tres fiscales supremos titulares en funciones. Con dos ya sabemos qué ocurrió con ellas, de tal forma que si se aprueba una modificación constitucional, uno de los fiscales supremos titulares tendría que ir a la escuela como representante por 5 años y a dedicación exclusiva”, alertó.
Este aspecto también implica el peligro de que los procedimientos disciplinario para jueces y fiscales supremos puedan ser llevados a cabo por miembros del Consejo Directivo tanto en la primera como en la segunda instancia, lo que requeriría abstenciones y reduciría la capacidad de llevarlos a cabo de manera efectiva.
“Si lo que se quería para crear autoridades de control fuera de la institución porque no queremos que las inconductas funcionales de jueces y fiscales sean vistos por sus propios pares, entonces acá nos contradecimos [...] Creemos que esto no sería posible”, precisó.
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