Fiscalía abre investigación a Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht

La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación al expresidente Alejandro Toledo y el exministro Pedro Pablo Kuczynski por un presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht, involucrada actualmente en uno de los casos de corrupción más grande del mundo.

Según la apertura de la investigación fiscal (N° 76-2016), el caso tiene que ver directamente con la aprobación de la Ley 28670, realizada a fines de enero de 2006, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

El caso está a cargo de Andrés Montoya Mendoza, de la Segunda Fiscalía de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Los delitos que se investigan son los de aprovechamiento indebido de cargo público y colusión debido a que, según los indicios, a través de la citada disposición, Toledo y Kuczynski -actuales candidatos a la Presidencia de la República- favorecieron a la empresa Odebrecht.

De acuerdo con diversos informes de la Contraloría, la empresa brasileña estaba inmersa en juicios con el Estado por incumplimiento de contrato, pero gracias a la referida ley logró participar en la licitación de uno de los tramos de la vía Interoceánica Sur y también del Proyecto Olmos.

SALTO CON GARROCHA. La investigación fiscal abierta los primeros días de marzo ha tomado como referencia las declaraciones que rindió la exvicecontralora general Rosa Urbina Mansilla ante la comisión “Lava Jato”, presidida por el congresista Juan Pari.

Uno de los documentos que se toma en cuenta es el oficio de la Contraloría 262-2005-CG/VC, del 3 de agosto del 2005, en el que se señala que las empresas Norberto Odebrecht, Queiroz Galvao S.A. y Graña y Montero estaban impedidas de participar en el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil.

Se explica allí que estas personas jurídicas estaban sometidas a procesos judiciales desde antes que se convocara al concurso para la Interoceánica, por lo que estaban impedidas de contratar con el Estado, según la Ley 27785.

En ese contexto, según el documento, el Ministerio de Economía, entonces a cargo de Pedro Pablo Kuczynski, habilita a las citadas empresas para contratar para el proyecto del corredor vial Perú-Brasil.

APROBACIÓN VELOZ. Otro factor que el fiscal Montoya Mendoza toma en cuenta para abrir la investigación a los exaltos funcionarios, es la rapidez con que se aprueba la Ley N° 28670 que declaraba de necesidad pública y de interés nacional la implementación de un Comité de Alto Nivel para la negociación de estas concesiones. Según obra en la carpeta fiscal que ha sido notificada a los implicados, la disposición convertida en ley fue presentada el 25 de enero del 2006, y fue aprobada ese mismo día en la Comisión Permanente del Congreso y posteriormente publicada en el diario El Peruano el 26 de enero del 2006.

Según el artículo 3 de la citada disposición, “los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674, el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2044-PCM, y la Ley 28059 que excedan lo dispuesto en el artículo f) del artículo 9 del Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM o por otra norma legal expresa, son inaplicables e inexigibles”.

Es decir, a través de diversas decisiones y disposiciones legales, existen indicios de supuestos favorecimientos a las empresas lideradas por la brasileña Odebrecht ya que no les resultaba aplicable poder postular a la adjudicación de varios proyectos.

ESPERAN. Al respecto, el abogado del expresidente Alejandro Toledo, Luciano López, indicó que no está enterado del inicio de la investigación ya que no ha conversado sobre el tema con su patrocinado.

López recordó que en el caso Ecoteva se habla de un posible enriquecimiento por favorecer a la empresa brasileña Odebrecht, sin embargo no se ha determinado nada. “No estoy enterado del tema. No puedo decir nada al respecto”, dijo.

En efecto, según la denuncia fiscal que presentó la magistrada Manuela Villar, en su página 23, se da cuenta que “la empresa Odebrecht S.A., en el gobierno del expresidente y hoy denunciado Alejandro Toledo, contrató con el Estado peruano por aproximadamente 250 millones de soles”.

La situación resultó sospechosa para el Ministerio Público, pues Odebrecht ha realizado donaciones a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, de la que Toledo es el presidente del Consejo Directivo y titular del Consejo Consultivo Internacional.

DEFENSA. El vocero de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, dijo que Pedro Pablo Kuczynski no está involucrado en este caso porque la responsabilidad recae en el ministro de Transportes. “El señor Pedro Pablo Kuczynski refrenda eso como presidente del Consejo de Ministros, pero la persona que somete eso a consideración es el ministro de Transportes y de Economía”, afirmó.

Sheput consideró que esta investigación es una maniobra de carácter político con el fin de empañar la figura del candidato presidencial. “Acá hay intereses detrás de esta denuncia y lamento mucho que el fiscal se preste a este juego”, manifestó a Correo.

Indignado. El presidente Ollanta Humala negó rotundamente estar involucrado en el caso “Lava Jato”.