Fujimorismo prepara denuncia constitucional contra miembros del TC

Un nuevo as bajo la manga tiene el fujimorismo para cuando el Tribunal Constitucional emita de manera formal su sentencia respecto a la demanda planteada en contra de la ley antitransfuguismo: la presentación de una denuncia constitucional en contra de los magistrados del máximo órgano de control de leyes.

Fuentes de la bancada “naranja” indicaron a Correo que un sector de los congresistas, especialmente los abocados a los temas legales y constitucionales, han recomendado a sus colegas y a la propia lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomar acciones que le faculten al Congreso sancionar la extraña filtración que se produjo desde el TC del fallo sobre la polémica demanda.

Cabe recordar que el legislador oficialista Gilbert Violeta (PPK) publicó en las redes sociales una imagen en la que se aprecia el fallo del TC de manera parcial. El hecho ha generado controversia en el Parlamento.

EL ELEGIDO. Uno de los legisladores a favor de la medida contra el Tribunal Constitucional es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro, quien en conversación con este diario no desmintió la citada versión.

Consultado sobre la posibilidad de presentar una denuncia contra los magistrados del TC, dijo que “de ser cierta la resolución que se ha ventilado en redes sociales y que esta sea ratificada tal cual, entonces son situaciones que necesitan ser investigadas”.

Castro puso como ejemplo el caso de dos personas que tienen un proceso judicial. “Cuando una de las partes recibe una resolución anticipada y esta la hace conocer a la otra parte, uno tendría que quejarse ante el Órgano de Control de la Magistratura para hacer una investigación”, explicó.

“No se está haciendo una acusación apresurada, creo que en este caso los miembros del Tribunal Constitucional necesitan responder como corresponde ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, indicó.

Asimismo, dijo que uno de los motivos para interponer la mencionada acción es el hecho que la resolución fue ventilada a través de las redes sociales sin contener firmas.

“El Tribunal hace un pronunciamiento sobre su independencia y autonomía, cuando todos habíamos cuestionado que esa resolución no era válida. Otro elemento es que los impulsores de este proceso han hecho visitas constantes a miembros del TC, cuando en realidad a quien le compete realizar estas visitas es al abogado, el patrocinante de la demanda”, argumentó.

Castro añadió que no hubo una actuación imparcial del Tribunal Constitucional y “como han ido aconteciendo los hechos, se trata de un derecho de cualquier litigante (demandar), así sea una institución, que cuando existan estos indicios, se investiguen”.

“Los miembros del TC son elegidos por el Congreso, que es la instancia donde se investiga sus conductas y actuaciones como corresponde. Esto amerita una acusación constitucional”, enfatizó.

Castro señaló que la denuncia constitucional se puede presentar “en el ejercicio regular de un derecho”.

Finalmente, acotó que todos los legisladores deberían apoyar esa medida, ya que hay una “grave injerencia al reglamento interno” del Parlamento.

“Repito, esto amerita una acusación constitucional contra los magistrados del TC, porque hay una clara interferencia en lo que es el funcionamiento propio del Congreso”, recalcó.

A FOJAS CERO. Al respecto, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, dijo que todavía no hay una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero alertó que hay un “quiebre” en el proceso.

“Por eso tiene que volverse a fojas cero. (...) Hay elementos que tienen que verse en la Subcomisión”.

Becerril aseguró que por ahora no se puede presentar una denuncia contra los magistrados del TC, ya que no hay una sentencia oficial. “Si el proceso se ha viciado con muchas situaciones, creo que sí ameritaría que evaluemos una acusación constitucional”, precisó.

Por su parte, el primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla (FP), respaldó la presentación de una denuncia constitucional contra los magistrados del TC. “Se ha presentado una sentencia sin firma y luego otra con firma, lo que significa que hubo negligencia, (...) por eso tiene que investigarse a los magistrados”, señaló a Correo.

“Se debería acusar. ¿Quién lo hace? Puede ser un colega congresista”, señaló.

EL “FILTRADOR”. Por su parte, el abogado contratado por el Congreso para defender la causa, Aníbal Quiroga, acusó al exmagistrado Óscar Urviola (reemplazado por Augusto Ferrero) de filtrar parte del supuesto fallo difundido por el oficialista Gilbert Violeta.

“Él filtró el fallo, es el principal interesado en que su proyecto se mantenga, a pesar de que hay un cambio en el TC”, inquirió en declaraciones a este diario.

Y se preguntó: “¿Por qué si Urviola es un magistrado de salida tiene tanto interés en que su voto prevalezca?”.

Asimismo, recordó que cuando Urviola fue titular de la instancia constitucional -y entraron nuevos tribunos-, “él fue quien anuló 600 causas que estaban en trámite”.

En este marco, Quiroga alertó que la resolución del TC fue propalada durante la “etapa de deliberación”, que empieza a regir desde la primera votación; es decir, desde el 29 de agosto.

En dicho periodo, según los acuerdos del TC al que tuvo acceso Correo, hay un “plazo de 7 días hábiles (...) desde el día siguiente de la votación de la causa” para que los votantes en minoría (2 en este caso) puedan sustentar su posición.

Tras ello, los tribunos en mayoría (5) tienen “tres días hábiles” para ratificarse o rectificarse.

En otro episodio, acerca del recurso de nulidad que presentó a fin de que vuelva a fojas cero la votación de la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley antitránsfugas, Aníbal Quiroga sostuvo que sus argumentos se centran en que se “ha violado el debido proceso”, puesto que “se ha filtrado parte de la sentencia”, a la vez que participó en la misma “un magistrado saliente”.

“Espero que esta semana el pleno del Tribunal con el nuevo magistrado Augusto Ferrero decida si se anula este procedimiento viciado por la filtración o se continúa”, remató.

APASIONADO. En respuesta, el exmagistrado Óscar Urviola aseveró que él “tenía la obligación de participar en la votación” de la ley antitransfuguismo, pues remarcó que “los tribunos se mantienen en funciones hasta que tome posesión el elegido”.

“Yo recién me retiré del Tribunal Constitucional luego de la juramentación de Ferrero”, acotó.

“Yo no puedo haber salido del TC sin haber emitido un voto, sería inconstitucional si no se mantiene mi voto. Obviamente se tiene que mantener. El doctor Quiroga es un excelente constitucionalista, pero a veces en la pasión de la defensa de la causa se nubla”, añadió.

Detalló, en este sentido, que él ha participado en la causa como “juez natural” y no Augusto Ferrero, ya que “él llegó después”, por lo que alertó que el recurso de nulidad buscaría “acomodar el TC a conveniencia” de la defensa del Parlamento.

A la par, Urviola rechazó también la postura de Quiroga sobre la etapa deliberativa, pues precisó que “esta ronda de ratificaciones es un derecho del magistrado de observar o conocer la opinión de los que emiten votos singulares, pero no obliga a cambiar los votos”.

“Las ratificaciones se han establecido para escuchar a las partes, pero no quiere decir que la votación queda suspendida y condicionada a la emisión de un voto singular”, subrayó.

Por último, Urviola descartó rotundamente haber filtrado parte del fallo. “No sé a quién se le ha ocurrido eso. Yo he estado 7 años en el TC, incluso he sido presidente. Quieren manchar mi nombre”, aclaró a Correo.