La Fiscalía archiva pesquisa a Pedro Pablo Kuczynski por caso Lava Jato

Luego de seis meses, la Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación que seguía contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el exjefe de Estado Alejandro Toledo por un presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht, involucrada actualmente en el caso Lava Jato.

Como se recuerda, a través de la carpeta fiscal N° 76-2016, el pasado mes de marzo se abrió investigación formal contra varios altos funcionarios por la aprobación de la Ley 28670, realizada a fines de enero de 2006 durante el gobierno toledista.

Según algunos informes de la Contraloría, la empresa brasileña estaba inmersa en juicios con el Estado por incumplimiento de contrato, pero gracias a la referida ley pudo participar en la licitación de uno de los tramos de la Vía Interoceánica así como en el Proyecto Olmos.

NO HAY NADA. No obstante, si bien el numeral 16 de la resolución de la Fiscalía, a la que accedió Correo, reconoce que la aprobación de dicha ley -que favoreció a la empresa brasileña- se hizo y se aprobó en un solo día, argumenta también que esto no constituye un delito. Además, sostiene que no se ha podido evidenciar fehacientemente el favorecimiento.

Asimismo, luego de haber recogido los testimonios de PPK (implicado en calidad de expremier) y Alejandro Toledo, quienes adjuntaron documentación, la Fiscalía estableció que la referida ley se aprobó con la votación mayoritaria del pleno del Congreso, por lo que no constituyó un contubernio.

Como se recuerda, la ley aprobada al final del régimen toledista establecía que “los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada a que se refiere el DL N° 674, el texto único ordenado aprobado por el DS N° 083-2044-PCM y la Ley 28059 que excedan lo dispuesto en el artículo f) del artículo 9 del Texto Único Ordenado aprobado por DS N° 083-2004-PCM o por otra norma legal expresa, son inaplicables e inexigibles”.

Es decir, las empresas que estaban siendo procesadas por incumplimiento con el Estado, sí podían postular a más obras, pero para la Fiscalía, no hubo dolo en la decisión que terminó favoreciendo a Odebrecht.