Procuraduría General del Estado pide investigar a expremier Alberto Otárola

A través de sus redes sociales, la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que ha solicitado el inicio de diligencias preliminares contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda “por el presunto delito de peculado de uso y otros”.

En un mensaje difundido en X (antes Twitter), la PGE también adelantó que su pedido incluye al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), general en retiro PNP Roger Arista Perea, “y los que resulten responsables”.

“Pedido se basa en información periodística y recabada de portales institucionales de la cual se desprende el presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos asignados a la DINI, dirección adscrita a la PCM, en presunto ‘reglaje’ al Contralor General de la República (Nelson Shack Yalta)”, refiere el mensaje que, además, adjunta una imagen de la primera página del documento, de 15 hojas, donde se da cuenta de la solicitud dirigida al fiscal de la nación, Juan Villena Campana, por el flamante titular de la PGE, Javier Pacheco Palacios.

Anoche, en declaraciones a Canal N, Pacheco Palacios sostuvo que Otárola Peñaranda habría cometido al menos tres delitos y que, en caso de ser hallado culpable, enfrentaría una eventual prisión de hasta 12 años de cárcel.

“Estas son conductas que, de ser corroboradas, demuestran un abuso de poder (...) habrá que investigar el origen de esto”, dijo el procurador.

El caso

El pasado domingo, 5 de mayo, La República informó que en octubre del 2023, miembros del equipo de seguridad del contralor Shack Yalta, reportaron que ubicaron a varias personas, a bordo de dos vehículos, en las cercanías de la vivienda de dicha autoridad y que, además, se habrían encontrado operando un dron para tomar fotografías y videos a la propiedad del funcionario, ubicada en La Molina.

Además, refieren que las unidades estaban registradas bajo la propiedad de una empresa que, según pudo determinar la misma seguridad de Shack, se encuentra registrada a nombre de una empresa de fachada cuyo representante legal es un oficial de contrainteligencia de la Dini, identificado como Walter de La Torre Cueto.

El reporte reseña, además, que el propio Shack Yalta informó de esta situación a Otárola Peñaranda, quien aún no se había visto obligado a dejar el cargo, y que este no tomó ninguna acción.

Respuesta oficial

Tras el reportaje, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, negó que el Ejecutivo intentara espiar a cualquier autoridad.

“De haber tomado conocimiento, hubiésemos efectuado igual que hoy la protesta que corresponde y hubiésemos impuesto que se investigue hasta las últimas consecuencias. Estas prácticas son antidemocráticas e ilegales, no son permitidas en este Gobierno”, dijo en declaraciones a Canal N.