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Las investigaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Lima, así como la Oficina Federal de Investigación o el Buró Federal de Investigación (FBI), por los sobornos que realizó la empresa internacional Dallas Airmotive, alcanzarían a un grupo de oficiales de la (FAP), pero sobre todo a uno que realizó un trabajo muy cercano al Primer Mandatario.

EL SALVADO
Se trata nada menos que del mayor general FAP (r) Segundo Buenaventura Gamboa Sandoval, quien se desempeñó hasta el año pasado como piloto principal del presidente

Este oficial manejaba el Boing 737-528 FAP Nº 356, en el cual el Mandatario realizaba viajes tanto al exterior como al interior del país.

Incluso, según fuentes de la FAP, Gamboa Sandoval debía pasar al retiro el 2012, pero extrañamente pese a cumplir con su tiempo de servicio, obligado así a dejar sus funciones por causal de renovación, ello no ocurrió, y continuó hasta fines del 2013.

Gamboa Sandoval, según las mismas fuentes, era uno de los ocho mayores generales de la FAP que integraba la lista realizada ese año por la Junta Especial que aprueba y propone los pases al retiro. La lista ya había sido aprobada por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Sin embargo, a pocas horas de que se publicara los pases al retiro en las Normas Legales de El Peruano, desde Palacio de Gobierno salió la orden para que Gamboa Sandoval continúe. Según la orden, lo requería un año más a su servicio debido a su amplia experiencia en el manejo del avión presidencial.

LOS CONTRATOS

Gamboa se encuentra actualmente en la mira de las autoridades internacionales y deberá rendir cuentas también a las autoridades locales debido a que fue él quien, en el 2010, se encontraba al frente de la Dirección de Aerofotografía de la FAP (DIRAF).

Recordemos que fue en ese año que se suscribieron algunos contratos con la empresa norteamericana Dallas Airmotive.

Correo obtuvo dos de los cuadros detallados del proceso de evaluación de selección que la FAP hizo en el 2010 con la empresa estadounidense y que finalmente fueron aprobados por el entonces director Gamboa.

Uno de ellos es el Proceso de Evaluación 0006-2010-FAP/DIRAF en el que se requería un Overhaul (tratamiento profundo pieza por pieza de los componentes del motor), de un motor del Avión Lear Jet 36A de la DIRAF para la que la empresa Dallas Airmotive ofreció 137 mil 470 dólares, obteniendo 100 puntos.

El otro fue el Proceso de Evaluación 0012-2010-FAP/DIRAF, en el que Dallas Airmotive también obtuvo 100 puntos al ofertar por 132 mil 847 dólares la reparación del compresor del motor de la Aeronave Lear Jet 36A de la DIRAF.

Un punto resaltante es que, si bien en el Proyecto de Contrato Internacional de Prestación de Servicios (documento obtenido por este Diario) aparece Gamboa Sandoval como suscriptor del contrato, a quien se le envía los pedidos para solicitar las bases de la convocatoria es al coronel FAP Luis Vásquez Pérez, quien actuaba entonces como el presidente del Comité de Selección y quien brindaba su correo personal (lvasquezperez@yahoo.com) para intercambiar información con los postores.

Como se recuerda, la empresa Dallas Airmotive admitió ante las autoridades judiciales de Estados Unidos haber sobornado a efectivos de la FAP en Perú con la finalidad de ser favorecidos con los contratos.

EN FISCALÍA

De otro lado, fuentes de la Fiscalía informaron que el doctor Andrés Montoya Mendoza remitió a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación un pedido para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envíe la información que ha recopilado el FBI sobre lo concerniente a los funcionarios peruanos que habrían recibido los pagos.

Otra de las acciones que ha tomado el fiscal Montoya es el envío de oficios a la Sunarp para que informe si la empresa Dallas Airmotive tiene sucursales en el país.

Asimismo, ha dispuesto citar al teniente general FAP (r) Carlos Samamé Quiñones y a los exministros Rafael Rey, Ántero Flores Aráoz y Jaime Thorne León.

Montoya, indicaron las fuentes, espera que de manera rápida, las entidades públicas, como el Ministerio de Defensa y la Contraloría, remitan la información que ha solicitado sobre los procesos de contratación que las Fuerzas Armadas pudiera haber firmado con Dallas Airmotive. 

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