Acusan al Minjus de trabar instalación de bloqueadores en los penales del país

El Ministerio de Justicia estaría obstruyendo y poniendo trabas en la implementación de los sistemas de bloqueadores de celulares en los penales, al no dar el visto bueno a una serie de documentos. Así lo denunció ayer en el Congreso Augusto Fernández Márquez, gerente de Prisontec SAC, la empresa concesionaria de la instalación y mantenimiento del sistema de bloqueo por 25 años.

El directivo detalló que uno de los principales problemas que tienen es que no cuentan con los estudios técnicos especializados aprobados por el referido portafolio para iniciar, de una vez, la instalación de bloqueadores en cada penal.

“Firmamos el contrato el 17 de octubre del 2014 y nos daban dos años para culminar las instalaciones. En el primer año del contrato deberíamos haber instalado el sistema en 16 penales. Lamentablemente, solo recibimos cinco estudios técnicos especializados aprobados. O sea, solo pudimos entrar a instalar en cinco penales en un año”, declaró.

Faltantes. Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el congresista Renzo Reggiardo, agregó que de un momento a otro, a fines de octubre del año pasado, el ministerio les aprobó cinco estudios más.

“Hasta el momento solo tenemos 12 aprobados (estudios), de 19 presentados. Por ello, solo podemos instalar el sistema en 12 penales, de los cuales tenemos instalados 10. A dos de ellos no podemos ingresar: Chiclayo y Trujillo, que tienen otros bloqueadores instalados que no compatibilizan con nuestro sistema”, aclaró.

Fernández pidió que se cite al exministro del Interior Wilfredo Pedraza, quien presuntamente sería el responsable de impedir que se establezca el sistema de bloqueadores en los citados penales, pues su sector autorizó la compra de otros bloqueadores valorizados en diez millones de dólares. Ello, no obstante, que el costo total para la implementación del sistema en los 33 penales era entre cinco y seis millones de dólares.

El gerente de Prisontec también criticó la designación de Gisela Lévano como supervisora del proceso de implementación de bloqueadores, porque es economista, pero no conoce sobre ingeniería electrónica. “El contrato pide que sea un supervisor independiente. Sin embargo, Lévano ya ha trabajado con el Estado en los estudios iniciales del proyecto. No entendemos por qué nos quieren sabotear con la colocación de los dispositivos”, indicó.

Denuncia. A esta acusación de Prisontec SAC, se suma la reciente difusión de un video en el que se observa a reclusos del penal de Lurigancho utilizar celulares, y realizar negocios de venta de chips y recargas de baterías. Según el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, estas imágenes corresponden al año 2013, pues los internos que aparecen en el video fueron cambiados de área. Además, el pabellón presenta otras características.

Sin embargo, el medio local demostró que las imágenes son de febrero de este año, pues en la televisión del penal se visualiza la presentación del último libro de Mario Vargas Llosa.

Tras esta revelación, la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad del Congreso citó al ministro de Justicia, Aldo Vásquez, para que el próximo 3 de mayo brinde explicaciones sobre el tema.

CIFRA 

73% de llamadas extorsivas provienen de los centros penitenciarios.