Minjus sobre instalación de bloqueadores en penales: "No ponemos ninguna traba"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez, rechazó la denuncia de que el referido sector esté poniendo trabas o exista un "manejo oscuro" en la implementación de los sistemas de bloqueadores de celulares en los penales a cargo de la empresa Prisontec SAC.

Como se recuerda, Augusto Fernández, gerente de la empresa concesionaria de la instalación y mantenimiento del sistema de bloqueo por 25 años, denunció en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso que hasta el momento no cuentan con los estudios técnicos especializados aprobados por el Minjus para iniciar el proceso de instalación.

Vásquez explicó que las demoras responden a observaciones en los estudios técnicos que aún no han sido resueltas.

"Lo que ocurre es que se han hecho observaciones por ejemplo: no se cumple con enviar informaciones sobre el suministro eléctrico, falta una memoria descriptiva, los planos de detalles no fueron suscritos por el profesional competente", explicó para RPP.

En ese sentido mencionó que se han establecido penalidades por las demoras y desavenencias de la empresa que serán remitidas al grupo parlamentario. "Nosotros hacemos desde el Ministerio de Justicia el impulsar que se vayan cumpliendo todas las etapas del contrato", dijo.

Mencionó que se trata de un "contrato complejo" y remarcó que la gestión del presidente Ollanta Humala ha sido "el primer gobierno" que inició el proceso de instalación bloqueadores.

"No hay ninguna traba. Lo que quiero señalar es que este es el gobierno que ha iniciado el proceso para instalar bloqueadores. El contrato fue suscrito en octubre de 2014 de modo tal que tenemos aproximadamente un año y medio de ejecución del contrato. Es un contrato complejo, es la primera experiencia", indicó.

"Ese contrato firmado el 14 de octubre de 2014 tiene un plazo de ejecución de dos años. Nunca se pensó que en cuatro o seis meses iban a estar bloqueados todos los penales del país", agregó.

Finalmente aclaró que los fue la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) la que adquirió los bloqueadores de celulares para las prisiones de Picsi (Chiclayo) y El Milagro (Trujillo) en 2013.

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