Estos son los arbitrajes pendientes que tiene el Estado peruano frente a empresas del sector minero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó hoy una resolución en la que aprueba la contratación del estudio estadounidense Sidley Austin LLP para la defensa del Estado en el arbitraje que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la minera Cerro Verde por un caso de regalías y también a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP por el caso de la empresa Lupaka Gold Corp.

Al respecto, Augusto Villanueva Llaque, consultor legal en estructuración y ejecución de Asociaciones Público-Privadas, señaló que SMM Cerro Verde reclama al Perú que no le corresponde pagar regalías de S/ 1,000 millones debido a que tuvo contrato de estabilidad tributaria desde el 1998, sin embargo, el Estado consideró que este no aplicaba en las nuevas operaciones y por ello debe abonar desde el 2006 al 2011.

Mientras que la compañía minera canadiense Lupaka Gold Corp. exige una compensación económica al Perú de más de US$ 100 millones por supuestos actos y omisiones del Gobierno (falta de apoyo de la policía y funcionarios del Gobierno Central) luego que en 2018 se paralizaran sus actividades porque pobladores de Parán (Huaura) tomaron por la fuerza las instalaciones, desalojaron a todo su personal y bloquearon el acceso a la unidad minera.

“Estamos en ambos casos ante arbitrajes internacionales, los cuales tienen diversas particularidades y, por tanto, se requiere del acompañamiento permanente de un equipo de abogados especializados en controversias internacionales de inversión y con dominio de las materias vinculadas al objeto de dichas controversias”, mencionó el socio de Villanueva Llaque Abogados.

En este sentido, el especialista en arbitrajes señaló que resulta necesaria la búsqueda de servicios legales en el mercado internacional, puesto que a nivel nacional no se cuenta con expertos ante cortes extranjeras.

“Estos estudios de abogados internacionales se desempeñan permanentemente ejerciendo la defensa de estados e inversionistas ante el CIADI y otras cortes internacionales, con buenos resultados. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los inversionistas eligen también abogados con mucha experiencia, por lo que es coherente que el Estado acuda a estudios de igual o mayor experiencia”, explicó.

Agregó que el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) tiene una muy buena reputación a nivel internacional, habiendo obtenido excelentes resultados en la defensa del Estado peruano ante el CIADI, contando precisamente con el asesoramiento de estudios de abogados extranjeros.

Señaló que los acuerdos internacionales de inversión establecen una etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje, a efectos que el Sicreci pueda, dentro del rol de identificación y solución de potenciales disputas, mitigar estas en caso resulte posible.

“Luego, habiéndose presentado la solicitud arbitral, el Sicreci se encuentra facultado para contratar estudios de abogados especializados en controversias internacionales de inversión para determinar su posición frente a la del inversionista y, dentro del arbitraje, la estrategia procesal y de fondo que se seguirá en el proceso”, indicó.

Puntualizó que, en virtud del principio de confidencialidad en el arbitraje, las partes que acceden a información generada en el marco del mismo deberán guardar absoluta reserva, por lo que la defensa peruana ante el CIADI responderá a las estrategias contando con toda la información y documentación que se haya generado.

Luego de emitido el laudo arbitral este será de público conocimiento y permitirá conocer a la colectividad la posición adoptada por el Estado peruano frente a los requerimientos de Lupaka Gold Corp. y Cerro Verde.

LAS POSIBILIDADES DEL ESTADO

Según Daniel Palomino Seguín, socio del área de minería del Estudio Muñiz, el Estado peruano tiene una reducida probabilidad de demostrar hechos consistentes en el caso de Lupaka Gold Corp.

“Acá se evidencia una vez más que se tiene deficiencias muy profundas en el manejo de conflictos sociales y lamentablemente frente a la presión social se viene dejando de lado el Estado de Derecho”, manifestó.

Recordó que hace cuatro años hubo un fallo arbitral producto de una problemática similar con la minera canadiense Bear Creek, titular del proyecto Santa Ana en Puno, pero por la revuelta de Walter Aduviri, el gobierno de ese entonces de Alan García (antes del 2011) terminó derogando las autorizaciones a la compañía.

Es así que Bear Creek va a los tribunales arbitrales del CIADI y le gana al Estado peruano, en diciembre del 2017, por lo que tuvo que pagar US$ 30 millones en compensación.

“Esto se asemeja al caso Lupaka, quien tenía todas las autorizaciones para desarrollar su exploración, pero por mitos infundados de la población sobre la actividad minera, en relación a la contaminación, terminaron bloqueando el acceso y el Estado peruano se mantuvo al margen”, detalló.

Añadió que esta será una oportunidad para que el Perú no deje de cumplir las leyes, ya que es muy probable que el tribunal le diga como en el anterior caso: “si pones las reglas, tienes que cumplir”.

Palomino señaló que estos conflictos hacen que los inversionistas no vean con “buenos ojos” al país. Muestra de ello es el reciente ranking de Fraser que ubica al Perú en el puesto 34 de entre 77 países, una caída de 10 escalones con respecto al 2019.

“Antes estábamos por encima de Colombia, que la catalogan ahora como una jurisdicción más atractiva que el Perú, teniendo nosotros un potencial impresionante y teniendo las facilidades para explotar nuestros yacimientos”, comentó.

En cuanto a Cerro Verde, el experto en temas mineros sostuvo que la discusión es un poco más técnica porque es saber si es que el contrato de estabilidad que tenía la compañía realmente los deslinda de la Ley de Regalía Minera, que entró en vigencia en diciembre del 2004.

“La lectura del Estado peruano fue desestabilizada porque Cerro Verde amplió su planta, entonces, la discusión se da si el blindaje del contrato de estabilidad alcanza sus ampliaciones o no”, acotó.