Bloquean operaciones bancarias de Álvarez

22 de Octubre del 2014 - 12:58

Con el objetivo de ahondar las investigaciones en el marco de la lucha contra la corrupción que reina en Áncash, la Comisión de Fiscalización del Congreso recibió ayer al contralor de la República, Fuad Khoury; al ministro del Interior, Walter Albán, y al procurador anticorrupción Christian Salas.

La cita de más de seis horas -en la que el único ausente fue el fiscal de la Nación, José Peláez- buscó cerrar el cerco a las maniobras de evasión que hasta hoy logró librar a César Álvarez de la justicia, pese a las acusaciones que lo involucran en actos de corrupción y crímenes políticos.

Bloqueado. Precisamente fue a pedido del la Contraloría que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó el bloqueo de las operaciones bancarias del Gobierno Regional de Áncash, como una medida preventiva ante un eventual uso indebido de recursos.

El oficio, enviado por la Contraloría, solicita la suspensión por 30 días de sus movimientos bancarios debido "a situaciones de conocimiento público que ponen en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos".

La noticia no cayó nada bien a Álvarez, quien de inmediato cuestionó el pedido de la Contraloría, argumentando que afectará el desarrollo de la región que gobierna desde el 2007.

Alvarez, quien es sindicado responsable de ocho asesinatos cometidos en la región, se mostró conforme con la investigación, pero expresó su desacuerdo con la afectación económica.

"Nos sometemos a la investigación del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Lo que quiero es pedir que se haga rápido porque sino hay empresas que no cobran y trabajadores sin pagos porque las cuentas están paralizadas", enfatizó.

SIN PISO. Sin embargo, el contralor Fuad Khoury indicó que el bloqueo de las operaciones bancarias, que puede ser prorrogada a solicitud del organismo que encabeza, no aplica al pago de personal, pensiones y programas sociales como el Vaso de Leche. Así, el MEF tomará control en las obras y proyectos de inversión en la jurisdicción.

"El gobierno regional tiene la tranquilidad que va a seguir operando, sin embargo todo lo demás queda suspendido hasta que se aclare la situación", dijo al precisar que la suspensión de las operaciones fue solicitada para las unidades ejecutoras de la sede central de la región y para la subregión Pacífico, cuya sede se ubica en el distrito de Nuevo Chimbote, en Santa.

PUNTO DE QUIEBRE. A su turno, el ministro del Interior, Walter Albán, señaló que el asesinato del principal opositor a la gestión de Álvarez, Ezequiel Nolasco, es un "punto de quiebre" que demanda el trabajo de todas las instituciones involucradas en el tema de la seguridad y la justicia.

En ese sentido, informó que junto con el director general de la Policía, Jorge Flores Goicochea, ha dispuesto designar a un general al mando de la institución en la región Áncash, incrementando así el nivel de comando de esa zona del país.

Además, detalló que Huaraz, que contaba en enero de este año con 1453 policías, tiene desde marzo a 1611. De igual forma, en enero había 1496 agentes en Chimbote, y ahora hay 1858. No obstante, informó que se ha ordenado también el envío de 800 efectivos de diferentes unidades operativas a Huaraz y otros 650 a Chimbote para realizar operativos específicos contra el crimen organizado.

Albán también se pronunció en torno a nuevos mecanismos legales. Indicó que la cartera que encabeza suscribió un convenio con el Ministerio de Justicia, el cual permitirá que, a través de las procuradurías, tanto anticorrupción como de lavado de activos, se pueda solicitar que los procesos de investigación de los crímenes producidos en Áncash puedan ser abordados por las salas corporativas nacionales "y con fiscales que estén rodeados de garantías suficientes como para poder actuar sin temor".

"No puedo afirmar que hay crímenes políticos, pero es una hipótesis muy importante", manifestó, al subrayar que aunque esto merece ser aclarado, en Áncash las investigaciones "se han visto truncadas".

JUSTICIA SOMETIDA. Por su parte, el procurador anticorrupción Christian Salas calificó la situación que se vive en Áncash como un "clima de amedrentamiento y sometimiento a funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial".

Refirió que existen indicios razonables para afirmar "que funcionarios de alto rango del Gobierno Regional de Áncash están implicados en actos de corrupción".

Salas también brindó detalles de lo que denominó "la ruta del paso a la 'Centralita'". Indicó que la Procuraduría Anticorrupción de esa jurisdicción, en repetidas veces, solicitó el inicio de investigación al Ministerio Público sobre el caso, "pero curiosamente estas son siempre archivadas".

En ese sentido, denunció que Álvarez tiene más de 20 investigaciones archivadas y reveló que se ha determinado, luego de un análisis de la Procuraduría, que muchas de estas fueron archivadas en forma irregular e injustificadamente. "Obviamente vamos a tomar acción en relación a la responsabilidad de esos magistrados", anunció en el Congreso.

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