El gasto público sin considerar la regla fiscal es una mala señal del Perú, afirmó el ex presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. El también exministro de Economía aborda también el tema del déficit económico que sufren algunas municipalidades por lo que plantea a Correo otorgar un salvataje a las que están en quiebra bajo la condición de hacer reformas al interior de estas.
Reconoció también que parte importante de los problemas de las municipalidades es el gasto por sueldos y beneficios obtenidos al amparo de las negociaciones colectivas. Además, se refirió a Petroperú y recomendó hacer caso a su directorio, que tenga una gestión administrativa privada y en la que sus gerencias estén a cargo de personas ajenas a la empresa.
No obstante, cree que se debe evaluar si se le da el salvataje de $2,200 millones que pidió y que Indecopi es la última opción para dar una salida a la crisis en que se encuentra.
¿La propuesta del Ejecutivo de lanzar salvavidas a determinadas municipalidades quebradas es pertinente?
Creo que es necesario y se ha advertido hace un par de años, pero hay que ver cuál es el detalle allí. Creo que es una buena idea que, incluso, el mismo Consejo Fiscal recomienda desde hace varios años. Hay un grupo pequeño de municipalidades importantes que tienen serios problemas de finanzas. Entonces es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les dé opciones de hacer algunas reformas a cambio facilitarle el financiamiento y puedan salir del hueco en el que están. Naturalmente, el diablo está en los detalles. Vamos a ver cuál es la propuesta que se plantea porque esta medida se puede hacer bien o se puede hacer mal.
Hay municipalidades que tienen un gran gasto corriente, principalmente por sueldos y beneficios conseguidos en negociaciones colectivas...
Sí, de hecho es uno de los problemas, por el lado del gasto, pero no es lo único porque también tienen problemas de ingresos, no cobran lo que deberían. A veces, por populismo, no quieren actualizar prediales o hay mucha pereza para actualizar las zonificaciones. Lo que se debería hacer es un diagnóstico de cada una de ellas porque cada una tiene su propio problema y sobre esa base adoptar las reformas en cada caso y el MEF decidirá algún tipo de financiamiento.
¿La negociación colectiva pesa mucho en las municipalidades del país?
No sé si en gran parte, no sé, la verdad, pero en el caso de la Municipalidad de Chiclayo, sé que había un convenio que era muy leonino para los intereses de la municipalidad. Sospecharía que hay el mismo problema en otros lados, pero la verdad no tengo el dato.
¿Cuándo se reclama por acuerdos de años anteriores y no coinciden con el presupuesto, qué hacer?
Hay una labor grande de la Procuraduría Hacendaria (PH), que es la encargada de velar por los intereses del Estado. Muchos de los convenios colectivos deberían ser impugnados por el sector público porque una de las condiciones es que no se permite comprometer recursos públicos si no hay financiamiento y, si se hace, se viola los principios legales establecidos. Se deberían impugnar acuerdos que violan este principio. Muchas veces no se hace o se hace solo para la foto y después no se siguen los procesos, no se defiende al Estado, se tiene que pedir opinión del MEF y de SERVIR, se tienen que defender los intereses del Estado. Es fácil ofrecer plata que no es de uno, pero la norma prohíbe ofrecer plata que no se tiene. Allí debe actuar la Procuraduría Hacendaria, que es parte de la Procuraduría General de la Nación, pero está bajo la administración del MEF.
El Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero, según el IPE, aprobó 100 normas que cuestan S/86 mil millones en los últimos cuatro años, ¿se pueden impugnar?
Se puede impugnar, se debe elevar al Tribunal Constitucional (TC), a veces lo hace la PH, a veces no lo hace. En el caso del Fonavi lo hizo, tomó la batuta y lo elevó al TC. Pero la denominada Ley de Preparación de Clases, por ejemplo, no fue llevada al TC, a pesar de que representa un gasto de S/40 mil millones. Esta ley (que aprobó el Congreso y se promulgó en junio del 2022, cuando Óscar Graham era ministro), reconoce supuestas deudas a los profesores activos, cesantes y contratados (entre el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012. Es una bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total). Esta ley no tiene una base legal porque todos los informes del MEF y SERVIR indicaban que esa deuda no existe, pero el Congreso, sin mucho debate, reconoció una deuda que no existía. Es claramente una iniciativa de gasto y debió ser llevada al TC, pero como Castillo estaba en el Gobierno no se hizo nada. Con una ley que sacó Humala, la supuesta deuda desapareció porque se cambió de sistema, pero se insistió con una supuesta deuda ante el Congreso.
La Comisión de Trabajo aprobó un dictamen para derogar SERVIR.
De aprobarse en el Congreso, sería un retroceso mayúsculo. Por el contrario, hay que apoyarlo para que haya meritocracia en el Estado. El concepto de la ley es bueno, pero hay que trabajar en la implementación, trabajemos todos para implementarlo más rápido y no que desaparezca. SERVIR es un retorno al sistema administrativo. Si el trabajador público no está adecuadamente capacitado, no le genera productividad al Estado, por el contrario, genera pérdidas. Lo ideal es que todos los trabajadores administrativos entren al sistema, que las aproximadamente 500 mil personas que están bajo el paraguas de Servicio Público, incluso tendrán todos sus beneficios laborales, sus 14 sueldos, sus CTS, sus respectivas capacitaciones porque las cosas cambian a cada rato en el sector público. (Servir) es la gran reforma de los últimos 10 años y lamentablemente la quieren eliminar de un sopapo.
¿Cree que si hay más ingresos el MEF puede gastar más, a pesar que se podría romper la regla de déficit fiscal?
El MEF tiene que cumplir la regla fiscal para tranquilidad del país. Una de las razones por las cuales, durante muchos años, hemos tenido una buena calificación internacional es consecuencia de cumplir las reglas fiscales. Entonces, dejar de cumplirlas de un momento a otro y jugar con ellas y cambiarlas todos los años, definitivamente es una pésima señal. Siempre hay razones para cambiarlas, pero esas razones tienen que ser bien explicadas.
Como exministro de Economía sabe de finanzas públicas y debe reconocer que un gran dolor de cabeza para el fisco es Petroperú porque necesita $2,200 millones, pero hay quienes dicen que se le debe llevar al Indecopi, ¿está de acuerdo con esta posición?
Creo que se debe de tomar medidas radicales. Para empezar, hacer caso a su directorio sobre qué necesita una gestión privada. Las decisiones adicionales hay que dejarlas a que su directorio las tome porque no se puede opinar si no se conoce los detalles. Una gestión privada no implica necesariamente que entre un socio privado, una gestión privada tendría que hacer que la empresa sea rentable, implicará cambiar gerentes. En Petroperú tenemos ejemplos de una serie de convenios colectivos que se han acordado a lo largo del tiempo. Tiene mucho que ajustarse y tiene que hacerlo alguien de afuera porque las personas que la han llevado a la crisis no pueden seguir llevando sus riendas. En el fondo, la gestión privada es con gente profesional ajena a la empresa, con cierta autonomía, que le permitan al directorio tomar decisiones estructurales. Ese sería un buen primer paso. El siguiente paso sería ir al Indecopi o pedir prestado, eso lo verían los nuevos gestores.
¿Todos los directores serían del sector privado?
No directores, estamos hablando de las gerencias, personas ajenas a la empresa. Hay varias formas de implementarlo, pero lo esencial es que sean personas de afuera, que tomen las riendas del manejo administrativo, financiero, logístico de la empresa. Tienen que darle autonomía, alejadas del manejo político. Tiene que tener todo el apoyo del directorio. Otro mecanismo sería vender una parte de la empresa. Si se vende como mínimo el 30% se entra a una gestión totalmente privada, lo que le permite salir de los sistemas administrativos. No se tiene que seguir el sistema de compras públicas, ni el sistema de presupuesto ni nada. Hay varias salidas, pero la mejor manera de optar por una es conocerla a fondo. Gestión privada implicaría llevar a 30, 50 o 100 personas ajenas y sobre esta base ir construyendo. Es importante dar este paso. Todos en Petroperú “perderán un poco” para sacarla de la crisis porque la empresa está en una situación que ya no da para más. La última opción del directorio sería llevarla a Indecopi.
¿Qué haya una gestión privada implicaría que se prescinda del salvataje del Estado por los $2,200 millones que ahora necesita la empresa?
Habría que evaluarlo, no es suficiente, necesitará de algún tipo de inyección (de capitales), pero sería otro tipo de inyección y serían otras circunstancias porque el problema que ha habido hasta ahora es que les han regalado la plata a cambio de nada. Desde el primer salvataje de 2022. El Consejo Fiscal fue muy duro, diciendo que le están regalando la plata, que se le estaba dando plata a cambio de nada, efectivamente, lamentablemente se cumplió lo que observó el Consejo Fiscal a pesar de que el ministro de Economía salió a criticar al Consejo Fiscal, que estaba actuando políticamente, pero el tiempo le dio la razón al Consejo Fiscal.
Carlos Oliva
Presidente del Consejo Fiscal. Exministro de Economía y Finanzas (MEF). Director y vicepresidente del Banco Central de Reserva. Ex viceministro de Hacienda. Ex director de Cofide. Ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Economista de la Universidad del Pacífico. Maestría en Economía de la Universidad de Georgetown.
