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La Contraloría detectó que durante la ejecución del Contrato de Concesión del Tramo 2 de la carretera IIRSA Centro, conocido como la Carretera Central, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en su calidad de concedente, no ha cumplido -por más de 10 años- con entregar la totalidad de áreas de terreno para las 23 obras por parte del concesionario, denominadas Obras diferentes a las de Puesta a Punto (ONPA), valorizadas en S/ 45,970 571.
Indicó que este problema afecta la prestación de diversos servicios viales a favor de los usuarios de la carretera.
El Tramo 2 de la carretera IIRSA Centro recorre la ruta Puente Ricardo Palma (región Lima) - La Oroya, Huancayo (ambos en Junín) y La Oroya – Desvío Cerro de Pasco (Pasco), sumando un total de 377.37 kilómetros. El contrato de concesión de dicha vía fue suscrito el 27 de setiembre de 2010 entre el MTC y un consorcio de empresas privadas, con lo que esperaba obtener una inversión referencial de US$ 153,684.025 durante los 25 años de vigencia de la concesión.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 4387-2022-CG/APP-AC, cuyo periodo de análisis comprendió del 27 de setiembre de 2010 al 31 de enero de 2022, se detectó que la versión final del contrato de concesión, elaborado por ProInversión, incluyó plazos que debía cumplir el MTC para la entrega al concesionario de las áreas de terreno para las ONPA, sin contar con un análisis que los sustente.
En total, la concesión tiene 48 ONPA, de las cuales 47 tenían como plazo máximo para la entrega de terrenos el 29 de octubre de 2014 y solo una tenía como plazo máximo el 5 de marzo de 2017 (obras que tenían previsto iniciarse el 24 de julio de 2011).
Por su parte, el MTC opinó favorablemente a la referida versión final del contrato de concesión basado, entre otros, en la opinión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional), entidad que no objetó los plazos consignados, ni desarrolló el análisis que fundamente la aprobación de los mismos, a pesar que estos constituían una obligación que sería asumida por el concedente (MTC).
La comisión auditora evidenció que, pese al vencimiento de los plazos máximos contractuales establecidos para la entrega de terrenos de las ONPA, el concedente (a través de Provias Nacional) no ha cumplido hasta la fecha con entregar al concesionario la totalidad de las áreas de terreno correspondientes a las 48 ONPA.
En ese sentido, señaló que queda pendiente la entrega del 46.81% del total de áreas, correspondientes a 23 ONPA aún no ejecutadas, entre las que figuran puentes peatonales, variantes y ensanches de plataforma.
Avances en liberación de terrenos
En base a la información remitida por Provías Nacional, se advirtió que el porcentaje de avance de liberación total de terrenos respecto a las 23 ONPA es de 88.54%; adicionalmente, se observó que 70 predios aún no han sido entregados al Concesionario para la ejecución de estas obras.
En esa línea, el informe de auditoría emitido por la CGR advierte que, al 28 de febrero de 2022, habiendo transcurrido más de siete años del vencimiento del plazo contractual para su entrega, aún se encuentran pendientes de entrega al Concesionario un total de 70 predios.
Demora en liberación de interferencias
Asimismo, se detectaron incumplimientos por parte de los funcionarios y servidores de Provías Nacional a los plazos de la normativa que regula los procesos de adquisición, expropiación y liberación de interferencias, por lo que se advirtió que dichos procesos se han dilatado hasta en 562 días hábiles, lo que equivale a más de dos años.
En la concesión del Tramo 2 de la IIRSA Centro se han identificado, a mayo de 2022, un total de 40 interferencias pendientes de liberación, lo cual ya había sido alertado en el Informe de Hito de Control Nº 013794-2021-CG/APP del 23 de agosto de 2021 y en el que se identificaron 41 interferencias en los terrenos donde se iban a ejecutar las ONPA pendientes.
La Contraloría indicó que se puede apreciar que luego de ocho meses de notificado el referido informe de control, Provías Nacional solo removió una interferencia.
Ante este panorama, el informe de auditoría advierte que, a mayo de 2022 y luego de más de siete años de vencidos los plazos correspondientes, el concedente no ha culminado la liberación de la totalidad de interferencias, encontrándose la mayoría de ellas 21 en etapa de “identificación y comunicación”.
“Dicha situación retrasa la entrega de terrenos al concesionario, lo cual es necesario para la ejecución de 16 ONPA, dilatando el aprovechamiento oportuno de estas obras por parte de los usuarios”, sostuvo Contraloría.
Obras sin ejecutar
Todos estos hechos ocasionaron que se retrase por más de 10 años la ejecución de 23 ONPA a cargo del concesionario (contados a partir de la fecha máxima para el inicio de dichas obras, que es el 24 de julio de 2011) y, por ende, su operación y mantenimiento.
Estas obras están valorizadas en aproximadamente S/ 45 970 571 y el retraso en su ejecución ocasiona que el Concesionario se beneficie con el cobro de tarifas de peaje que, si bien incluyen -entre otros- la operación y mantenimiento de tales ONPA, estas no vienen siendo realizadas.
Otros beneficios al Concesionario
El informe de auditoría señala que el contrato establece que el concedente debe entregar al concesionario los tres subtramos de la carretera, incluyendo las tres estaciones de pesaje existentes (Cocachacra, Cut Off y Huancayo), al primer trimestre del 2013.
Sin embargo, debido a una controversia entre las partes por el saneamiento físico-legal del terreno donde se ubica la estación de Pesaje Huancayo, recién el 9 de abril de 2022 fue entregada dicha estación de pesaje al concesionario, es decir luego de nueve años de vencido el plazo establecido contractualmente.
Dicho retraso generó que el concesionario se beneficie, por más de siete años, con ingresos por la suma aproximada de US$ 836,199, recibidos a través del cobro de peajes a los usuarios por actividades de operación de la estación de Pesaje de Huancayo no realizadas durante dicho periodo.
Presuntos responsables
La Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa de los hechos en seis exfuncionarios de Provías Nacional.
En ese sentido, se recomendó al Órgano Instructor de la Contraloría iniciar las acciones correspondientes contra los involucrados en los hechos irregulares, y también se planteó al director ejecutivo de Provías Nacional a realizar las acciones para el deslinde de responsabilidades de las personas observadas.
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