Contraloría pide cambios en contratos de inversión de APP

La Contraloría General ha presentado un proyecto de ley al Congreso planteando que las adendas (o cambios) de los contratos de asociaciones público-privadas (APP) tengan un informe previo de esta entidad para que los potenciales problemas puedan detectarse y corregirse oportunamente.

Según Gestión, el titular de la Contraloría, Fuad Khoury, dejó esa y otras iniciativas legales al presidente del Congreso, Luis Iberico.

Costo adicional. En su oportunidad, el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, dijo que las adendas se hacen necesarias cuando el inversionista observa que el Estado no hizo su tarea, como la expropiación de terreno, entre otros. Por lo tanto, le tomará más tiempo iniciar la ejecución de obras y, la mayoría de veces, sus costos suben por el tema del financiamiento.

La inversión de las concesiones IIRSA (carretera Interoceánica), por ejemplo, se incrementó en casi 100% por la firma de 34 adendas frente a la inversión inicial estimada, que fue de $1536.6 millones, siendo que en la actualidad el compromiso de inversión es de $2983.5.

Actualmente, la Contraloría General está auditando ocho adendas a IIRSA Sur- Tramo 2, siendo el monto fiscalizado S/.1179 millones.

Estudio. La Contraloría ha propuesto exigir un informe previo antes de la firma de las adendas de las APP, luego que realizara un “Estudio sobre las causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las asociaciones público-privadas en el Perú”, que analizó diez contratos de concesión suscritos (del 2000 al 2013) correspondientes a los sectores económicos: transportes, saneamiento, generación y transmisión eléctrica y agrícola.

Khoury insiste además en la necesidad de que el Congreso priorice sus seis proyectos de ley presentados desde el 2011, algunos de los cuales están en agenda para pasar al pleno.

Papeles

La Contraloría pide que se le otorgue la facultad de inmovilizar documentos que sustenten las transacciones de las entidades públicas para el normal desarrollo de las auditorías y que se disminuya la exigencia de la conciliación a nivel jurisdiccional en aquellos procesos civiles (indemnización) iniciados por ella.