En una edición extraordinaria de normas legales, el Ejecutivo promulgó el miércoles en la noche la Ley 31989 (que aprobó el Congreso) que debilita el Decreto Legislativo (DL) 1607, norma que emitió este Gobierno el 20 de diciembre del 2023 con el objetivo de poner freno a la minería ilegal.
César Ipenza, abogado especialista en minería, señaló a Correo que era previsible que el Ejecutivo promulgaría la norma aprobada por el Congreso porque existe un acuerdo de cogobierno entre estos dos poderes del Estado.
Inclusive, señaló que “las protestas” (hace el hincapié de las comillas) e intereses de los mineros ilegales en el Congreso son cada vez más evidente y un caso sería el del congresista (Eduardo) Salhuana, que tendría vínculo con esta actividad porque uno de sus ex clientes se beneficiaría con la Ley 31989.
En ese sentido, indicó que puede haber un descontrol en el uso de explosivos y será más difícil frenar el avance de la criminalidad que la minería ilegal conlleva.
SNMPE. En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Góbitz, dijo que causa desazón e incertidumbre que el Ejecutivo se haya allanado a la decisión errada del Congreso, que la semana pasada derogó parcialmente el DL 1607, norma que tenía medidas para combatir el crimen organizado asociado a la minería ilegal.
Agregó que se esperaba un análisis más exhaustivo sobre la norma del Congreso.
Pero, el Ejecutivo procedió, sin reparo alguno, según Gobitz, dar marcha atrás con el DL que impulsó meses atrás y lo consideraba necesario contra el crimen organizado.
Refirió que los mineros ilegales usan la inscripción en el Registro Integral de la Formalización Minera (Reinfo) como un blindaje de sus actividades.
“El país necesita medidas firmes para combatir al crimen organizado y a la minería ilegal”, anotó.
A su vez, el ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, dijo que la ley promulgada aumentará el descontrol del manejo y comercialización de explosivos.
