Fideicomisos de infraestructura: ¿cómo pueden usarse para reducir la brecha en el país?

El último viernes, el Banco Central de Reserva reviso a la baja la proyección de crecimiento de nuestra economía de 11,5% a 10,5% para el 2021. Explica que aunque será por efecto de las medidas focalizadas para contener la segunda ola, el PBI se recuperaría por –entre otros factores– la mayor ejecución de proyectos de inversión.

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Pero, debido a que la ejecución de obras cayó 31,1% en enero último, reduciendo –como alertan en la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)– el ritmo de crecimiento sectorial a 7,2% en dicho mes, el consultor internacional en APP e infraestructura, Eduardo Escobal, asegura que “la crisis de inversión en infraestructura, arrastrada por más de seis años, requiere soluciones rápidas y creativas”.

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En ese sentido, recomienda –al igual que Capeco– el uso de fideicomisos de infraestructura, que desde su óptica resultan ideales para acelerar los proyectos en el corto plazo, con esta modalidad de inversión se reducirían los riesgos de corrupción, los sobrecostos inesperados y las paralizaciones por quiebre de financiamiento o decisiones políticas.

“La infraestructura en el Perú ya estaba en crisis antes de la pandemia y el 2019 cerró como el peor año de la década en cuanto a inversiones para infraestructura, registrándose 72% menos de inversión privada en asociaciones público-privadas (APP)”, refiere.

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN?

Considerada como una de las soluciones “más potentes y con capacidad de implementarse rápidamente para acelerar las inversiones en obras públicas, APP y Obras por Impuestos”, el fideicomiso –según explica el también docente de Esan– es una relación jurídica por la cual el fideicomitente (en este caso el Estado) transfiere bienes a un fiduciario (empresa regulada por la SBS) para la constitución de un patrimonio con la exigencia del cumplimiento de instrucciones específicas.

“Este patrimonio es autónomo y protegido por ley, por lo que no responde por las deudas de las partes ni absorbe sus riesgos, lo que le da un alto nivel de independencia y celeridad en la toma de decisiones”, afirma, al aclarar que por razones como esa lo fideicomisos de infraestructura son “una herramienta poderosa y se convierten en vehículos ideales para que el Estado encargue la gestión de actividades que lleven a la ejecución de infraestructura”.

De esta manera, el fiduciario recibe el encargo de hacer que el proyecto se ejecute. Para ello, contrata una oficina de gestión de proyectos o PMO (Project Management Office) y esta se encargará de realizar todas las funciones que ello implica: planificar, armar paquetes, licitar, contratar la construcción, controlar, gestión de riesgos, gestión de cambios, control de cronogramas, tiempos, calidad, costos y pagos, entre otras labores que ayuden a que el proyecto se concrete.

Entre las razones que hacen que el fideicomiso se convierta en una herramienta poderosa, el especialista destaca que con el uso de esta figura se reducen los riesgos de sobrecostos inesperados, paralizaciones por decisiones políticas o quiebre de financiamiento, además de minimizar la posibilidad de que se cometan actos de en corrupción debido a que “el que licita, adjudica y paga no es la institución pública, sino un vehículo independiente de las partes”.

En línea con los desafíos que se deben asumir para la modernización de la infraestructura pública, en Capeco también consideran que se debe permitir que Cofide constituya fideicomisos en obras públicas para reducir problemas con fianzas, pero advierten que “estos deberían permitir gestionar toda la obra y no solo los adelantos, como es ahora”.

Esta propuesta forma parte de las 11 medidas urgentes que ha sugerido el gremio constructor debido a la ineficiencia de los sistemas de evaluación y control de los proyectos de infraestructura y edificación pública.

PROYECTOS A LA VISTA

Considerando que la eficacia de esta herramienta se incrementa y los costos disminuyen si a los fideicomisos de infraestructura se les encarga paquetes de proyectos estratégicos, Eduardo Escobal sostiene que se podría empezar con las carteras de las iniciativas privadas de hospitales que ya están en trámite hace más de cinco años.

Pero, también podría encargarse la licitación de APP en hospitales en los que se compita por el costo del servicio, “para no perder quinquenios en aprobar el tipo de ladrillo, cemento y equipamiento, y enfocar esfuerzos en los tipos de servicio, en la calidad y en el pronto inicio de operaciones”.

Sobre los proyectos en manos de ProInversión que podrían llevarse adelante haciendo uso de los fideicomisos de infraestructura en el corto plazo, el especialista sostiene que los que se encuentran en etapa de promoción y adjudicación deberían mantenerse en la agencia estatal, pero “la flexibilidad de los fideicomisos de infraestructura podría sumar esfuerzos con ProInversión para nuevos proyectos y reducir los tiempos, que se han quintuplicado por la sobrerregulación actual”.

Además de los hospitales podrían incorporarse en esa lista a los colegios de alto rendimiento, obras de protección de cuencas, y hasta proyectos de generación de suelo urbano (luz, agua, alcantarillado) para proyectos de vivienda social, podrían ser incorporados y puestos a disposición para desarrollos en corto tiempo.

Y, tomando en cuenta que en julio tendremos nuevas autoridades, Eduardo Escobal sostiene que este mecanismo podría aplicarse para asegurar la continuidad de muchos proyectos que este año estén por convocarse y adjudicar. “Así se asegura su ejecución, independientemente del gobierno, porque ya se le dio el mandato y se fideicometió el presupuesto”, anota seguro de los resultados positivos que se pueden lograr, tal y como ha sucedido en México y Colombia, en donde mecanismos tienen un gran desarrollo.