La empresa Graña y Montero presentó una solicitud de arbitraje contra el Estado peruano ante la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en su condición de acreedor respecto al (CGSP).

Graña y Montero señala que ha sido afectada porque no se realizó la subasta para la ejecución del proyecto.

"A la fecha, estamos esperando que la Secretaria General nos comunique si registrará o no la solicitud, de esta manera el proceso de arbitraje se iniciaría con el registro”, se indica según publica el diario Gestión que refiere que por su parte el Estado peruanos señala que los socios no pueden solicitar ninguna compensación dado que no se realizó el cierre financiero y el proyecto se llevó a todo riesgo de los socios del consorcio.

Cabe precisar que este arbitraje se suma al interpuesto por la empresa española Enagás, que solicita US$ 1980 millones, que busca que Perú pague dicha suma por haber rescindido el contrato de la obra.

El consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) estaba dividido, Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagás solo el 25% y Graña y Montero el 20%.

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