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La Contraloría General de la República informó que existen diversos riesgos en el proyecto de Adenda N° 13 del contrato de concesión del Proyecto Especial Majes Siguas II sobre los cuales se deben adoptar medidas ya que se trata de una obra de irrigación cofinanciada por el Estado.
De suscribirse tal como está proyectada la Adenda N° 13, existen los siguientes riesgos: que el concesionario no pague la penalidad por los posibles daños causados en caso de resolución de contrato por actos de corrupción; se concreten pagos al concesionario por los Certificados de Avance de Obra por Inversión Adicional emitidos pese a existir obras inconclusas; recibir una menor compensación de daños y perjuicios de ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento; y que se paralicen las obras nuevas de la primera fase por falta de entrega del control del proyecto.
En caso de generarse actos de corrupción durante la ejecución del contrato de concesión se activaría la Cláusula Anticorrupción, resolviéndose el contrato, sin embargo, se evidencia que no se penalizaría al concesionario por el posible perjuicio ocasionado al Estado que genera la caducidad de concesión, perdiéndose así el efecto disuasivo que debe tener la penalidad.
Ante ello, se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa que, en su calidad de concedente, evalúe la pertinencia de incluir la imposición de una penalidad en la Cláusula Anticorrupción, la misma que sería cobrada por el Estado peruano en caso de resolución del contrato, conforme a las buenas prácticas establecidas en los Lineamientos para el Diseño de Contratos de Asociaciones Público Privadas, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La adenda también propone establecer que el pago por los Certificados de Avance de Obra por Inversión Adicional (CAO-RIA) emitidos sean efectuados a los 54 y 66 meses contados desde el inicio del periodo constructivo principal, fecha en la cual debería estar en operación el proyecto. Sin embargo, se indica que excepcionalmente se puede pagar la Remuneración por Inversión Adicional (RIA) incluso si no han culminado las obras nuevas de la segunda fase en el plazo previsto en el calendario de obra.
Asimismo, según lo planteado en el proyecto de adenda, ante un escenario de caducidad (resolución de contrato) por incumplimiento del cierre financiero por causas atribuibles al concesionario, el Estado ejecutaría el 70% de la garantía de fiel cumplimiento por un importe de US$ 38′528,110.04, cifra menor en US$ 7′326,778.48 a la que debería ejecutarse (US$ 45′854,888.52) en caso de considerar como base el Monto Referencial Inversión Integral del proyecto (que incluye la inversión adicional planteada en el proyecto de adenda).
El “Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas” demanda una inversión de US$ 550 millones (primera y segunda fase), donde el Estado aportará US$ 282 millones (primera fase). La adenda implicará una inversión adicional de US$ 104 millones.
