Las consecuencias de ejercer violencia contra las mujeres se llega a reflejar en el impacto negativo que tiene sobre la productividad que ellas tienen en sus centros de trabajo.
Las consecuencias de ejercer violencia contra las mujeres se llega a reflejar en el impacto negativo que tiene sobre la productividad que ellas tienen en sus centros de trabajo.

Hasta el 2013, año en el que la Universidad San Martín hizo el último cálculo, el 23% de mujeres trabajadoras en el país manifestaba haber sido víctima de violencia por parte de sus parejas, generando pérdidas económicas por más de US$6.400 millones, como consecuencia de su impacto en la productividad de las empresas que las emplean.

Mientras que el año pasado, un estudio enfocado en Villa El Salvador –elaborado también por la misma casa de estudios– corroboró la prevalencia de esos resultados, al igual que lo hizo un estudio entre la población universitaria realizado hace dos años atrás en 22 regiones del país.

Y tomando en cuenta que en los últimos años, la tasa de feminicidio en el Perú se ha incrementado, Natalia Manso, especialista en temas de género y docente de Pacífico Business School, considera que se debe destinar mayor presupuesto a la recolección de este tipo de data para aterrizar las cifras y tomar decisiones encaminadas a disminuirlas.

“Uno de los retos que tenemos para hablar de la monetización es la escasez de estudios y por eso existe una clara necesidad de invertir más en actualizar esa data porque desde el punto de vista económico resulta poco inteligente no invertir en prevenir la violencia contra la mujer, sobre todo porque económicamente perdemos todos, como Estado, como trabajadores y como empresas”.

INTERVENCIÓN DEL MEF

En ese sentido, sugiere una intervención más activa de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debido a que no se trata solo de una política de enfoque de género que se deba abordar desde el Ministerio de la Mujer sino que “ya urge la intervención del MEF porque está comprobado que se está haciendo mella en la productividad, lo que significa una costo para todo el Estado en su conjunto”.

Como un paso inicial, la especialista en temas de género recomienda invertir más en actualizar la data referida al impacto económico. Para ello, sugiere modificar la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) que anualmente realiza el INEI para recopilar información vinculada a la violencia contra la mujer.

“Es importante que desde el gobierno se tome la decisión de mejorar la encuesta ENDES para obtener datos más actuales sobre el impacto económico”, afirma tras alertar que durante la pandemia se ha agravado la situación de violencia que viven muchas mujeres, por lo que es muy probable que las pérdidas económicas se hayan agudizado.

“Muchas mujeres no solo han perdido su trabajo, también por el teletrabajo están conviviendo más tiempo con su violentador y a raíz de la pandemia están trabajando más horas”, sostiene.

ROL DE LA EMPRESA

Frente a esa situación, la docente de Pacífico Business School refiere que de la mano con el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público para atender las denuncias, también se debe aumentar el presupuesto del Ministerio de la Mujer con miras a fortalecer la lucha contra este problema y, adicionalmente, se deben hacer más estudios sobre la monetización del impacto de la violencia de género para sensibilizar a la sociedad, al Estado y al sector privado que también debe implantar un enfoque de género preventivo.

“Como empleadores y por pura estadística, las empresas tienen casos de mujeres que sufren violencia y también tienen a hombres que violentan a mujeres, por eso se pueden convertir en un espacio de cambio, mediante la promoción de protocolos internos que permitan identificar y detectar casos de violencia”, añade.