Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, los acontecimientos alrededor de Tía María han generado un precedente muy negativo, ya que se ha cedido ante actos de violencia para suspender la licencia de este proyecto, ubicado en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa).
“Es un precedente muy complicado, porque puede afectar a otros proyectos, no solo del sector minero, sino de otros rubros, que pueden ser suspendidos por presiones violentistas, con lo que la violencia se vuelve fuente del Derecho. Es inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho”, comentó a Correo.
Fumagalli participó en la conferencia de prensa que convocó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto a la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, así como la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
Pérdidas. En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Jessica Ramírez, estimó en $800 millones las pérdidas ocasionadas por el paro que se inició contra el proyecto Tía María, que se ha convertido en la excusa que utilizan las minorías para querer imponer sus pareceres.
“La mayoría de arequipeños quiere vivir en paz, en orden; rechazamos totalmente la violencia”, comentó.
Precisó que $500 millones son las pérdidas por no exportar (básicamente minerales) desde Matarani, que desde ayer normalizó sus actividades. Los $300 millones restantes por las 500 toneladas de hortalizas que no se comercializaron y los 500 mil litros de leche que no se acopió, así como por el cierre de las tiendas de artesanía y otros en el centro de la ciudad. “A todo ello se suman los daños a la propiedad privada”, señaló.
Ramírez dijo que Arequipa tiene una economía que permitió reducir la pobreza al 11%, menor al promedio nacional (21%). “Y no es casualidad, porque es el esfuerzo de las empresas de todos los tamaños, conjuntamente con el pueblo, que supieron atraer inversiones a la región”, manifestó.
