Reducir los costos de transacciones es otra opción para formalizar

Una de las medidas más comentadas del nuevo gobierno en materia económica es la reducción del IGV en un punto porcentual desde enero de 2017, sujeta a metas de recaudación. La iniciativa, que busca aumentar el número de contribuyentes, ha recibido diversas opiniones, pero para Walther Reátegui, expresidente de Agrobanco y docente de ESAN, lo ideal sería no contar solo con esta medida.

“La formalización se puede promover más con una disminución significativa de los costos transaccionales asociados a formalización”, indica. De acuerdo con Reátegui, a muchas microempresas (mypes) les cuestan más los pagos notariales, minutas o escritos que se solicitan en el proceso de formalización.

“Siempre habrá costos, pero la idea es que estos no generen demasiado margen para alguien”, afirma.

FONDOS PÚBLICOS. Desde otro punto de vista, un efecto colateral de la reducción del IGV sería una menor recaudación. Lo cual, de acuerdo con el MEF, no se presentaría, siempre que se aprueben todas las medidas de un paquete fiscal que incluye la eliminación de las boletas de venta para contribuyentes RUS, entre otros anuncios.

El escepticismo llega cuando se anuncian aumentos de sueldo que obligarán a un gasto mayor por parte del Estado, que ya tiene 3% de déficit fiscal (gastos que superan a los ingresos) sobre el PBI. Aplicando la actual ley de transparencia fiscal, este déficit solo debería llegar al 1% y el titular del MEF ya anunció que así será para 2021, pero en el transcurso harán algunos ajustes que les brinden mayor margen de acción.

Una de estas maniobras será pasar de una meta estructural a una nominal. Reátegui considera que este tema es solo un cambio de nomenclatura, pero por lo pronto le permitiría al Gobierno cumplir formalmente con la normativa.

“La ley habla sobre el déficit estructural, y pasándolo a nominal se podría levantar ese 1% sin romper la ley; esa es la propuesta“, explica.

CAPACIDAD DE GASTO. Otra de las propuestas del ministro Thorne en el ámbito presupuestal es cambiar los compromisos subnacionales, porque ya existen nueve gobiernos regionales con transferencias suspendidas por acumulación de deuda.

“Es cierto que hay algunos gobiernos regionales que hoy están cargados de deudas. Eso significa que ya no se les puede dar más y, en pocas palabras, se ha administrado mal el presupuesto”, agrega Reátegui. Este dato resulta importante teniendo en cuenta que el 77% del presupuesto de las regiones depende actualmente del gobierno central.

Si bien Reátegui recalca que endeudarse no es malo si se apunta a proyectos que generen retornos, hay que tener en cuenta que los niveles de ejecución pública no son de los más altos, y eso evidencia un problema.

“Saber administrar pasa por tener capacidades, y muchas regiones no las tienen para administrar sus recursos”, acota.