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La vigencia de la Ley 27360, de Promoción del Sector Agrario, termina el 2021, y su ampliación o no la ha puesto en el candelero porque el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, cuestiona sus resultados en más de 18 años de aplicación.
El presidente del Instituto Crecer, Juan Manuel Benites, dijo que de no ampliarse la vigencia de esa ley, el sector agroexportador dejará de recibir inversiones por más de $3500 millones, principalmente porque dejará de incorporar otras 100 mil hectáreas de tierras de cultivo.
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Los cuestionamientos de parte del Ministerio de Trabajo provocaron que el Ejecutivo retire la propuesta de ampliar su vigencia a través de las facultades legislativas que espera del Congreso. Esto provocó la reacción de los empresarios del sector.Al respecto, Crecer señala que de no ampliarse la vigencia de esa norma, la agricultura peruana corre el riesgo de tener un retroceso, porque se frenará el crecimiento de la superficie agrícola cosechada, se perderán inversiones, puestos de trabajo formales y caerán las exportaciones agrícolas ($350 millones en los próximos diez años).
Benites dijo que poner fin al régimen agrícola neutralizará los resultados positivos del agro, pues desde el 2000 llevó a este a ser el segundo sector económico generador de divisas.
“Las exportaciones agrarias crecieron exponencialmente a tasas de dos dígitos por año (con la ley), permitiendo duplicar su valor cada cinco años, posicionando al Perú entre los 10 principales proveedores de alimentos en el mundo”, agregó.
Por ello, pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso consolidar el alcance de la norma, “que ha logrado crear empleos de calidad”.
El también exministro de Agricultura explicó que los beneficios de esa ley para el sector se centraron básicamente en otorgar incentivos tributarios (aplicación de una tasa de 15% en el Impuesto a la Renta de tercera categoría y depreciación del 20% por las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y de riego) y laborales (régimen laboral especial de contratación temporal para los trabajadores del agro) a las unidades agropecuarias que se acogieron a la norma.