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El Tribunal Constitucional (TC) analizará hoy la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia (DU) 010-2025 para la reorganización patrimonial de Petroperú.
Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que Petroperú enfrenta una crisis estructural por años de deterioro operativo, elevado endeudamiento, pérdida de participación de mercado, rigidez de costos y persistentes problemas de gobernanza.
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Precisa que la situación financiera es crítica: la deuda llegó a $ 6,351 millones en el primer trimestre de 2026, 10 veces más que en 2013, cuando se autorizó el endeudamiento para el inicio de la construcción de la Refinería.
Así respondió el IPE a una invitación que recibió del TC sobre el referido proceso de inconstitucionalidad.
Agrega que la situación de la empresa la “llevó a una creciente dependencia del respaldo financiero del Estado, sin que ello corrija los problemas de fondo de la empresa”.
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Deuda fiscal
Prosigue que desde el 2013, el Estado ha comprometido más de S/ 32 mil millones para sostener a Petroperú, trasladando al fisco los costos de una empresa que no ha logrado recuperar viabilidad financiera por sus medios.
“Mantener esta dinámica no solo incrementa el costo fiscal, sino que posterga decisiones estructurales cada vez más urgentes”, indica.
Según el IPE, el DU constituye un punto de partida necesario para iniciar una solución de fondo.
“La reorganización patrimonial en bloques, la evaluación de mecanismos de participación privada y la reestructuración interna ofrecen una ruta operativa para ordenar la empresa, transparentar sus unidades de negocio y reducir ineficiencias. Dejar sin efecto este decreto implica un retroceso y eleva el riesgo por nuevos rescates sin transformación estructural”, comenta.
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