:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OUBA2O3KC5CJFOBVNUFLEQSONQ.jpg)
A nivel nacional, son 577 los funcionarios suspendidos e inhabilitados por la Contraloría General de la República para laborar en instituciones públicas del Estado. De esta cifra, al menos 98 son de Arequipa, según el reporte de la institución fiscalizadora hasta el año 2016.
De acuerdo al consolidado de nombres, son servidores públicos de las diferentes instituciones como la comuna provincial de Arequipa, municipios distritales, Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Sunarp, Gerencia Regional de Educación, entre otras que fueron habilitados desde el año 2014.
Cinco de los extrabajadores fueron suspendidos temporalmente por el periodo de un año, pero el resto fue inhabilitado hasta por 5 años, como una sanción administrativa.
Lea aquí: la relación de los exfuncionarios inhabilitados por la Contraloría en Arequipa
Los últimos extrabajadores suspendidos por un año, aunque aún no aparecen en esta lista mostrada, fueron Fidel Rosas Portocarrero, de la municipalidad de Cerro Colorado y Josué Rodríguez Medina de la comuna de Miraflores.
En el caso del distrito de Cerro Colorado, La Contraloría lo suspendió a partir del 23 de diciembre del 2016, por irregularidades en el incremento de remuneraciones, notificación por escolaridad y aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad a los funcionarios y trabajadores como miembro de la Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva del año 2012.
Para la Contraloría este hecho generó un perjuicio de 634 mil 161 soles.
En el exfuncionario de Miraflores, la suspensión temporal es de 240 días a partir del 24 de octubre del 2016. De acuerdo al reporte del órgano de control, Rodriguez en su cargo de Gerente de Planificación y presupuesto provocó el perjuicio de 28 mil 428 soles al certificar el crédito presupuestario para el pago irregular de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio a favor de funcionarios de confianza, pese a que los beneficios no les correspondía.
Dichos desembolsos se ejecutaron del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2014.
Es necesario precisar que de acuerdo al último reporte de la Contraloría, durante el año 2016, se formularon 14 denuncias penales y 2 denuncias civiles.