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Cada golpe ejecutado no era un acto improvisado ni un encuentro fortuito con la oportunidad. Cada uno de sus atracos tenía detrás horas de llamadas de coordinación, días de seguimiento y, en los casos más grandes, meses de paciente observación a sus víctimas. Así fue como operaba la organización criminal denominada “Los Charlys de La Blanca”, una red delictiva que fue desarticulada tras una paciente labor de investigación desarrollada por la Fiscalía y la Policía contra el Crimen Organizado. Dicha organización habría acumulado más de 1 millón 200 mil soles producto de asaltos a mano armada, principalmente en Arequipa.
Javier Torres Escobedo, Julio Alfredo Llamoca Huamaní, Francesca Tapia Morales, Manuel Zapata Antón, Alexander Delgado Miranda, Félix Muro Medina y Solanch Muñoz Centy son los siete integrantes de la organización criminal que fueron capturados hace un mes durante una operación policial en los distritos de Mariano Melgar, Cerro Colorado, Socabaya, Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero, así como en el penal de Socabaya y en la ciudad de Puno.
Tras su captura, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias como tomar la declaración de los imputados, la revisión de sus equipos celulares y ha obtenido la participación de uno de los involucrados que pretende convertirse en un colaborador eficaz.
Aunque la información que brindó debe ser corroborada, no solo refuerza la hipótesis de cómo operaba el grupo criminal, también se pudo identificar a otros presuntos integrantes de la organización.
¿CÓMO OPERABAN “LOS CHARLYS DE LA BLANCA?
De acuerdo a las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, el cabecilla es Manuel Zapata Antón, alias “Guarapo” o “Guarapito”, quien no solo dirigía la organización, sino que decidía cada movimiento, cuándo actuar, a quién atacar y cómo ejecutar el golpe. No todos participaban en un mismo hecho.
Su lugarteniente era Edgar Ayrampo Tapia, alias “Cuzco”, quien lideraba al grupo encargado de ejecutar los asaltos. Junto a él operaban Diego Chahuara Huarcaya (“Diego”), Richard Juan Choquehuanca Chambi (“Cangri”), Christian Brian Delgadillo Ramos (“Cristian”), los alias “Chancho Blanco” y “Adonis”, todos ellos responsables de interceptar a las víctimas, reducirlas y concretar los robos utilizando armas.
El expolicía Javier Víctor Torres Escobedo, alias “Gato” o “Gatín”, era pieza clave en el engranaje criminal por su rol en la obtención de información privilegiada, los llamados “derrotes”; es decir, datos precisos sobre las víctimas, sus rutas, horarios y el dinero que transportaban.
A este núcleo se sumaban otros integrantes con funciones específicas. El expolicía y reo en cárcel Giancarlo Valencia Manzano (“Jean” o “Yan”), participó en los asaltos usando su arma de reglamento. Luis Antonio Salas Chivigorrri (“Luis”) era un informante, brindando datos sobre víctimas.
El frente del marcaje, la fase más silenciosa pero decisiva de cada atraco, recaía en Solanch Tamara Muñoz Centy “Solange”, Francesca Medalith Tapia Morales “Francesca”, “Alicia” y “Angie”, pareja de alias “El Chino”. Ellas ingresaban a bancos y negocios, observaban discretamente a quienes manejaban grandes sumas de dinero y comunicaban cada movimiento en tiempo real.
La organización también tenía soporte logístico. Julio Alfredo Llamoca Huamani (“Julio” o “Gallo”) se encargaba del transporte; Félix Jhonathan Muro Medina (“Gordo”, “Jhonatan” o “Gordín”) realizaba seguimiento vehicular; mientras que “Chato Tavo” o “El Chino” y Angie cumplían funciones de vigilancia y apoyo en puntos estratégicos.
GOLPES CALCULADOS
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, la banda ha sido identificada plenamente en 12 asaltos a mano armada en distritos como Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara, Socabaya, además de operar en Juliaca y Cusco, ocurridos entre el 2023 y 2024 y posiblemente en otros 30 robos que se identificaron mediante las interceptaciones telefónicas a los imputados en los que coordinaban sus asaltos, quiénes participarían, así como la cantidad de armas y vehículos que emplearían.
EMBLEMÁTICOS
Entre los asaltos más representativos que involucran a “Los Charlys” está el caso del notario Rubén Raúl Bolívar Callata, ocurrido en enero de 2024. La información de la cantidad de dinero que movilizaba la canalizó Gatín al grupo criminal, ya que el expolicía habría tenido un informante al interior de la dependencia. Durante aproximadamente seis meses, “Guarapo”, “Gato” y otros integrantes siguieron cada movimiento de la víctima, registrando rutinas, horarios y recorridos, incluso mediante dispositivos encubiertos como cámaras ocultas.
El día del asalto, el 22 de enero de 2024, la organización desplegó toda su estructura. Mientras unos realizaban marcaje en la notaría y otros vigilaban rutas de escape, Diego Chahuara y “Chato Tavo” ejecutaron el golpe a bordo de una motocicleta. Diego descendió armado, encañonó a la víctima y sustrajo una mochila que contenía 270 mil soles y 30 mil dólares, además de su celular.
Luego, como en cada operación, el dinero fue distribuido según los roles. La jerarquía era clara, quienes ejecutaban y quienes proveían la información recibían mayores beneficios. Incluso el informante de Gatín en la notaría habría obtenido 20 mil soles por su participación. Solanch fue una de las que hizo la labor de marcaje al interior del establecimiento. El reparto del dinero se realizaban en las llamadas “bases” que eran viviendas de los familiares, algunas veces lo hacían en parques.
TRAICIÓN
Los miembros de la organización criminal no tenían escrúpulos. Otro de los episodios más impactantes es el caso de Lucio Salas Ramos, quien fue asaltado hasta en tres oportunidades durante el 2023 luego de que su propio hijo, Luis Salas Chivigorri, proporcionara información sobre sus movimientos financieros tras obtener dinero producto de la venta de terrenos en el distrito de Cerro Colorado. Este hecho no solo evidencia la frialdad de la organización, sino también el nivel de confianza interna que manejaban para ejecutar sus golpes.
Las interceptaciones telefónicas confirman este patrón. En ellas se advierte cómo los integrantes coordinaban en tiempo real, identificaban víctimas en bancos, agentes y negocios, y definían quienes participarían de los atracos así como el momento exacto para cometer el delito.
Incluso los golpes menores seguían la misma estructura organizada. No cambiaba ni siquiera cuando el botín era reducido. Una de las conversaciones interceptadas por la Policía registró el plan entre “Guarapo” y “Cuzco” para realizar un robo de 10 mil soles, un monto de dinero menor a lo acostumbrado.
Aun así, el procedimiento era el mismo. Utilizando lenguaje en clave, el cabecilla le dice a “Cuzco”: “Hay una pachanguita pa verlo hoy día y pa mañana comerlo, pero los dos nomás, de diez luquitas nomás es”. A partir de ahí, afinaron detalles estableciendo horarios, vigilancia y acción. “Hoy día esperar en su sitio y mañana lo comemos, dile al ‘Cangri’. Te voy a llamar una hora antes”, le dijo “Guarapo” a “Cuzco”.
CORRUPCIÓN
La Fiscalía no ha pasado por alto un detalle sumamente delicado como es la posible infiltración de la organización en la institución policial. Solanch Muñoz Centy es pareja Jean Carlo Valencia Manzano. Él era un miembro de la Policía y a la vez pertenecía al grupo criminal. Aprovechaba su cargo para brindar información sensible al grupo para no ser intervenidos. Aunque fue capturado por el robo a una cabina de Internet en Cayma en 2023, su pareja Solanch no dejó de tener contacto con miembros de la PNP.
El 5 de abril de 2024, Solanch fue detenida preliminarmente junto a su tío Jhonatan Muro Medina, “alias Gordo” o “Gordin” por su implicancia en el asalto a un comerciante de cebolla y al notario. Aunque hay evidencia de su participación, en aquél entonces ambos quedaron libres. Sin embargo, lejos de frenar su accionar, este hecho derivó en un vínculo que terminó comprometiendo la investigación.
Tras su intervención, Solanch inició una relación sentimental con un efectivo policial del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) que tenía a cargo parte de las diligencias de su investigación. Según la investigación fiscal, esta relación habría tenido como finalidad interferir en el avance del caso y favorecer a la investigada y eso fue lo que ocurrió.
Prueba de ello es que el detective no remitió oportunamente a la Fiscalía los actuados de las pericias que comprometían e identificaban a Solanch en uno de los asaltos, haciéndolo recién el 23 de marzo de este año, casi dos años después de iniciada la investigación en su contra y tan solo cuatro días después de su segunda captura. Esta demora, según la postura de la Fiscalía de Crimen Organizado, no sería casual, sino orientada a dilatar el proceso y beneficiar a la mujer, configurando un posible escenario de corrupción y vulneración de deberes funcionales.
Según el postulante a colaborador eficaz, Solanch también habría mantenido contacto cercano con otros tres agentes de la Divincri; a algunos de ellos, supuestamente, les habría pagado 300 soles semanales para obtener información de las investigaciones contra su grupo criminal.
También tendría contactos en inteligencia de la región policial de Arequipa. Al igual que ella, el exagente policial , Javier Torres Escobedo, alias “Gato” o “Gatín”, sería otro de los integrantes de la organización criminal con contactos al interior de la institución policial. Todos los agentes que han sido relacionado están identificados con sus nombres completos, parte de ellos e incluso apelativos.
Varios de los integrantes de “Los Charlys de la Blanca” están recluidos en diferentes penales tras haber sido capturados por diversos motivos, como asaltos en Cusco y Juliaca, por la tenencia de armas e incluso el tráfico de drogas como es el caso de Diego Chahuara Huarcaya, alias “Diego”, quien, tras el robo al Notario, recibió un aproximado de 10 mil soles por su participación. Según el aspirante a colaborador, todo el dinero lo invirtió comprando cocaína, pero tiempo después fue capturado por la Policía mientras transportaba la droga hacia Arequipa. Así es como operaba una de las bandas más organizadas y estructuradas que ha sido desbaratada por las autoridades en al ciudad de Arequipa.
SIGUEN INVESTIGACIONES
Los siete integrantes que recientemente fueron capturados en un megaoperativo en Arequipa, afrontan hoy un pedido de prisión preventiva de 36 meses por los delitos de organización criminal, robo agravado y otros. La audiencia se inició la semana pasada y la Fiscalía cuenta con diversos elementos de convicción, como escuchas, declaraciones y otros.