El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha realizado un total de tres procesos de transferencias de presupuesto a diversos gobiernos locales durante el año 2023. Son un total de 69 proyectos de inversión los que se han visto avalados por la entidad regional; sin embargo, los avances que se han logrado al transcurrir de los meses son escasos, dado que incluso se han detectado inconsistencias técnicas que aún no terminan por aclararse.
El primer bloque de transferencias se aprobó el 30 de marzo de este año bajo el Acuerdo Regional N°015-2023-GRA/CR. En ese entonces, el Gobierno Regional presentó un total de 23 inversiones por un monto de S/ 152,728,535.92. Desde entonces, han transcurrido poco más de ocho meses; empero, no se ha logrado más que un avance del 4% (cifra equivalente a S/ 6,195,866.99), según se detalla en el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizado hasta el 2 de noviembre.
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Este hecho resulta por demás escandaloso, toda vez que se vienen demorando proyectos diversos en infraestructura educativa, salud, saneamiento y otros. El problema principal recaería en los procesos de licitación por razones relacionadas al saneamiento físico legal de los predios donde se realizarían algunas obras, desactualización de expedientes, la no subsanación de observaciones, carencia de información sobre estudios adicionales, entre otros, según dio a conocer el presidente de la Comisión especial encargada de fiscalizar las Transferencias por parte del Consejo Regional, César Huamantuma.
“Ahí viene el trabajo de la comisión, vamos a determinar responsabilidades de cómo es que tenemos 8 informes que todo está bien, pero con los datos que estamos obteniendo, no está todo bien ... se están dando cuenta que encuentran varias irregularidades o varios planes que faltan complementar y demora el lanzamiento del proceso. Los resultados están ahí”, dijo haciendo referencia a la baja ejecución presupuestal en el primer paquete de transferencias impulsadas por el Gobierno Regional.
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Un claro ejemplo de los errores del Ejecutivo regional durante el proceso de transferencias es lo acontecido con la institución inicial Carlos Portocarrero Dongo, donde se planteaba hacer una reconstrucción del plantel por S/ 4 millones 389 mil transferidos a la Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel (MDMNV). No obstante, el terreno del colegio no contaba con saneamiento físico legal, por lo que no se adjudicó la obra. “Si ellos adjudicaban el proyecto, la empresa ganadora iba a pedir la entrega de terreno, pero para eso se requiere documentación de saneamiento y no la tenían”, agregó Huamantuma.
Sin embargo, los problemas no sólo alcanzan al primer bloque de transferencias. Con Acuerdo Regional N°029-2023-GRA/CR, se aprobó enviar recursos por S/ 79,517,093.33 a diversos gobiernos locales para 40 proyectos de inversión. La medida se aprobó el 6 de junio de este año y, hasta el 2 de noviembre, no se ha logrado sino una ejecución mínima del 11% (cifra equivalente a S/ 8,385,473.46).
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El presidente de la Comisión fiscalizadora de estas transferencias, César Huamantuma, explicó que, preliminarmente, han detectado transferencias incompletas por parte del Gobierno Regional, situación que demoraría el avance de las obras. El criterio se omitió pese a que las obras afectadas tienen la modalidad de contrata.
“Por ejemplo, de 10 millones para una obra, se han transferido 4 millones y lo restante se haría al próximo año. Yo estoy en contra de ello. Hablé con algunos alcaldes que me han dicho que ya han lanzado el concurso y ahora ya están ejecutando los 4 millones que puse de ejemplo y los otros 6 les darían en marzo del 2024, pero sabemos que podría demorar más, entonces, ¿qué pasa con esa obra?, ¿le aumentamos presupuesto?, la empresa no va a dejar de cobrar”, aclaró.
Además de estos problemas, se investigará si las municipalidades beneficiadas con las transferencias cumplieron con la liquidación de las obras que tenían pendientes, dado que así lo exige la norma. Como se recuerda, la distribución de estos presupuestos se aprobó con la exoneración temporal de este requisito, siendo que, de no cumplirse el criterio según el plazo establecido, el dinero transferido debe retornar al GRA.
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