Bloquearon vías y destruyeron propiedades en Tambo, pero no hubo sanciones
Bloquearon vías y destruyeron propiedades en Tambo, pero no hubo sanciones

Han pasado más de dos años, luego que policías y pobladores de Islay protagonizaron diversos enfrentamientos a causa del proyecto minero Tía María. Para el Crnel. PNP Fredy Zegarra Black, jefe de la Región Policial de , se debe investigar los hechos y los responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

El jefe policial refirió que en este proceso también están involucrados algunos agentes del orden por la oficina de Inspectoría, y de encontrarse responsabilidades, no solamente serán denunciados penalmente, sino separados definitivamente de la institución.

“Aquí hay responsabilidad compartida, pero no podemos confundir la protesta con la vulneración de los derechos de otras personas, aquí ha existido bloqueo de vías, destrozos de propiedad pública y privada y hasta muertes, y a la fecha nadie ha sido sancionado”, recordó el coronel Zegarra Black, enfatizando el caso del suboficial PNP Alberto Vásquez Durand, quien fue asesinado por un grupo de protestantes durante las manifestaciones contra el proyecto minero.

La presidenta de la Junta de Fiscales de Arequipa, Miriam Herrera, manifestó, con relación a los procesos creados a raíz de las protestas por Tía María que, que tres de ellos se encuentran a puertas de instalarse juicio oral y se encuentran a manos de la fiscal Rocío Monroy, titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa.

Manifestó que, por el momento, no se puede adelantar opiniones sobre posibles absoluciones a los investigados ya que están en pleno curso.

“Una vez que se realizó la transferencia de los expedientes de Islay a Arequipa, los fiscales de la zona colaboraron para que las diligencias se desarrollen y lleguen a una formalización, de ser el caso. No obstante, estamos recolectando la cantidad de procesos que se tramitan en Arequipa por estas manifestaciones ocurridas entre marzo y abril de 2015”, aseveró la Dra. Miriam Herrera.

El Ministerio Público ha formalizado la petición de siete años de cárcel contra 13 manifestantes que bloquearon la vía de ingreso a Mollendo, el 7 de abril de 2017.

MIGUELITO. Con respecto a las investigaciones contra el policía de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), quien intentó plantar un “miguelito” a un agricultor, mientras se desarrollaba una protesta en Cocachacra, el coronel Zegarra Black mencionó que Inspectoría emitirá un informe a Lima con los resultados de la investigación, y este mal suboficial sería destituido de su cargo.

“No podemos relacionarnos con malos elementos, es cierto que en las protestas sí existió la presencia de estos fierros que dañaban los carros policiales, pero intentar plantarlo a uno de los protestantes, eso es una falta grave y no vamos a permitir esto en la institución”, indicó.

DEFENSA. Héctor Herrera Herrera, abogado defensor de los implicados, mencionó que esperarán la citación oficial para dar un pronunciamiento sobre la acusación, la cual considera que es genérica pues no se ha individualizado los casos.

La acusación fiscal no está fundamentada y eso lo vamos a demostrar cuando nos vayamos a juicio, por lo pronto los investigados se mantienen tranquilos y saben que saldrán libres de responsabilidades”, afirmó el abogado.

Finalmente, el jefe de la Región Policial indicó que a la fecha hay 40 policías de Intervenciones Rápidas, que lejos de monitorear o vigilar a los agricultores de Cocachacra, están realizando labores de sociabilización con toda los pobladores.

“Participamos en sus eventos y en sus actividades, los ayudamos, confraternizamos, es decir, buscamos un nexo social y amigable con la población, con aquellos que protestaron hace 2 años, no queremos más enfrentamientos lamentables”, finalizó.

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