Cálculo financiero de Majes II no fue fijado por Proinversión

Con la asistencia de seis congresistas se realizó el lunes en Lima la octava sesión ordinaria de la Comisión de Investigación de Majes II en el Congreso.

La parlamentaria Gladys Andrade presidió la mesa en la que además participaron Alejandra Aramayo, Guillermo Martorell, Horacio Zeballos, Sergio Dávila y Milagros Takayama. La jornada estuvo cargada de tensión desde el comienzo, cuando se permitió la intervención del director Ejecutivo de Proinviersión, Alberto Ñeco Tello, quien indicó que su entidad suscribió un convenio de cooperación técnica para la licitación del proyecto en segunda etapa en dos aspectos: el primero para la concesión de la inversión pública y privada para la instalación de la estructura hidráulica. El segundo aspecto es la subasta de tierras, aún pendiente. 

Aclaró además que el ingeniero Luis Pita, técnico de Proinversión, fue el encargado de la parte hidráulica como jefe de proyecto y de dirigir el proceso hasta la venta de tierras.Punto sensible de la sesión fue el análisis de los pormenores del contrato entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Consorcio Angostura, proceso que fue acompañado por Proinversión, teniendo a la cabeza a Luis Pita desde el 2010, además del Comité Especial (para la revisión) y el Consejo Directivo (para la aprobación). 

Lo que quedó claro es que este organismo no participó en ninguna de las adendas, salvo en el caso de la número 12, cuando el GRA presentó una solicitud técnica. 

COSTOS. En su intervención, el legislador Sergio Dávila inquirió a los presentes por el costo del proyecto, que se incrementó debido a las modificaciones del contrato. “Por eso esta pregunta es absolutamente pertinente y es que Proinversión, además del contrato, participa en las adendas, y si no lo hacen, ¿quién hace las veces de Proinversión?”, señaló Alejandra Aramayo.A la preocupación se sumó Horacio Zeballos, quien preguntó al funcionario Luis Pita cómo se fijo el costo del proyecto, que pasó de 265 a 414 millones de dólares. 

Y es que, a decir de Pita, el esquema que entregó el Gobierno Regional en el 2005 estaba subvalorado. Fue la supervisora Lakmeyer la que fijó los costos en 373 millones de dólares, incluyendo las nuevas obras y el IGV. A eso se sumó la supervisión, con 16 millones de dólares, además de 16.6 para los intereses de la construcción y otros 3 por los gastos del proceso, lo que hizo un total del de 424 millones de dólares.

No obstante, a la firma del contrato con el Consorcio Angostura, el monto subió a 550 millones de dólares. De acuerdo a Pita, estos ajustes estuvieron a cargo del Gobierno Regional, sin intervención de Proinversión. Con la adenda 13, el monto pasaría ahora a 660 millones de dólares, como mínimo. Proinversión no ha recibido información sobre el particular ni ha emitido opinión al respecto, porque, alega el funcionario de este organismo, no es de su competencia. 

ADENDA. A la consulta sobre la opinión de Proinversión frente a la adenda 13, la respuesta de Pita precisó que el convenio inicial no consideró los problemas de restricción hídrica, debido a la fijación de un caudal ecológico mayor, la incorporación de un 5% de pérdidas en las conducciones, que también tiene que emparejarse en un 5% en los sistemas de conducción. “El esquema original respondió a un contexto distinto al de ahora, cuando teníamos un caudal ecológico de 0.5m3/S y ahora es de 2.4m3/s, y no se habían considerado las pérdidas en conducción y distribución. Existía la iniciativa en el proceso de concesión que la optimización de Majes II se daría en corto plazo, pero eso no se ha dado. Por lo tanto, este proyecto requiere de una solución técnica que le permita evitar pérdidas de agua y en ese sentido habría que considerar lo que dijo el jefe del PSI, que la evaporación no justificaba los 100 millones de inversión. Sin embargo, a este tema habría que agregar otros, como son las pérdidas por infiltración, fugas, robo de agua, por gestión deficiente del recurso que harían eficiente a canales revestidos en un 65%, es decir, que de 100m3 se pierden 30m3. En sistemas entubados la eficiencia es de 90%, en otras palabras, la pérdida de agua tiene que controlarse”, señaló. 

HECTÁREAS. Otra de las preocupaciones de los congresistas fue lo relacionado con el tamaño de las parcelas para venta, que son de 200 hectáreas. Luis Pita indicó que se siguieron las recomendaciones de la Comisión Multisectorial que evaluó el plan, que es el organismo que fijó la venta de tierras en módulos de 200 hectáreas.“Es un número bastante reducido para estos fines”, indicó Pita. 

Fue el congresista Horacio Zeballos, quien hizo notar que no hubo justificación técnica para este asunto, y que más bien fue un acuerdo tomado en la comisión.