Candia y Cáceres en la cuerda floja

Dentro de tres semanas, el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, y el gobernador Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, cumplirán dos años desde que asumieron sus respectivos cargos, pero en paralelo, ambos con denuncias.

CÁMARAS

Candia Aguilar arrastra desde 2012 un proceso penal por el delito de colusión agravada. La Fiscalía lo acusa de comprar irregularmente 40 cámaras de seguridad cuando era autoridad distrital de Alto Selva Alegre.

El juez Max Vengoa lo sentenció el año pasado a 6 años de prisión efectiva. El burgomaestre apeló. La Sala de Extinción de Dominio de la Corte de Arequipa instalará hoy la audiencia de apelación. El Ministerio Público le atribuyó seis hechos que motivaron irregularidades en la adquisición de estos bienes.

Pese a que en su defensa el burgomaestre apela que delegó responsabilidades en sus funcionarios y nunca vio directamente la compra, el magistrado resaltó en su fallo “que tuvo que supervisar, controlar y monitorear a sus funcionarios en la ejecución de la obra y estuvo en las facultades de suspender la adquisición cuando fue advertido (…) su actuación permitió la defraudación al Estado”.

FUTURO

Candia no teme por su futuro político, confía en que la Sala le dará la razón. Lo cierto es que su permanencia en el sillón de la comuna provincial es incierto. De confirmarse el fallo en segunda instancia, el alcalde sería suspendido y poco después destituido.

CÁCERES

Por no cumplir con los protocolos contra la COVID-19 en la región, el juez del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de Arequipa, Luis Eduarda Madariaga Condori, ordenó la remoción del cargo de Elmer Cáceres Llica.

El demandante, Pool Kevín Alarcín, sostuvo que el Ministerio de Salud, Gobierno regional de Arequipa y Gerencia Regional de Salud de Arequipa no cumplieron con la implantación de los protocolos COVID contenidos en la Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA de fecha 29 de marzo de 2020; posteriormente, el petitorio fue ampliado a la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA y sus actualizaciones futuras.

Posteriormente, Solidaria Perú, con su representante Arturo Salas, participó como “litis consorte” (actor en el proceso) y pidió la suspensión de la autoridad. El magistrado determinó que los demandados no cumplieron con implementar los aspectos mínimos de los protocolos contra la COVID-19.

La decisión fue apelada a fines de noviembre por la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), previo ataque verbal del gobernador contra el magistrado.

FALLO

Uno de los argumentos contra el fallo es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el único órgano competente para designar o destituir autoridades electas. Sustenta que la Constitución indica que no son revisables en sede judicial las resoluciones del JNE. Ha pasado medio mes, pero la Corte Superior de Arequipa aún no eleva la apelación para ser revisada.

Ambos personajes de Arequipa guardan en común la vacilación en sus cargos, hecho que genera inseguridad en la población.