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El economista Carlos Guillén Santa Cruz, a sus 78 años de edad, es uno de los 9 mil cesantes y servidores estatales que mantienen litigio contra el Estado por incumpliendo de obligaciones amparadas en una serie de normas legales, reclamos que ahora tomaron la denominación de deuda social.

La diferencia entre Guillén y sus demás “compañeros” de penas judiciales, está marcada por los 23 años de ir y venir en los pasillos del Poder Judicial, la “casa del jabonero”, donde sino caes, resbalas.

En 1983 se jubiló al amparo de la llamada “ley de la cédula viva 20530”, sumando a sus años de servicios los cuatro de formación académica y luego de laborar en la desactivada Corporación de Desarrollo de Arequipa (Cordea).

Más de dos décadas de reclamos se originaron cuando Guillén regresó a la actividad pública como director municipal de la comuna provincial de Arequipa, durante la gestión de Rafael Braganini Zapater (1984-1986).

Pasó las gestiones de Luis Cáceres Velásquez como director municipal y al ingresar Fernando Ramírez Alfaro en el año 1993, el primer día de marzo decidió dejar de trabajar.

Desde entonces ha sido para él un calvario la pretensión de consolidar su condición de jubilado, porque a diferencia de otras entidades públicas, en los gobiernos locales los pensionistas dependen de la planilla de la propia comuna.

Durante ocho años, Carlos Guillén Santa Cruz no percibió pago alguno. La guerra legal se agudizó en la gestión edil de Juan Manuel Guillén Benavides (199 - 2002). Fue un logro cuando en el año 2008 la Primera Sala Civil dicta la Resolución N° 40 confirmando la sentencia N° 174-2007 la cual en resumen resolvía: Que la Dirección de Personal de la MPA establezca la alicuota de la pensión según nivel F-5 y que el demandante sea incluido en la planilla de pensiones de la entidad.

La municipalidad apeló este fallo, la sentencia no se cumplió, el caso pasó a la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que resolvió en recurso de casación en julio de 2009, dando la razón a Guillén Santa Cruz.

Siete años después de esta decisión judicial, que es la última instancia, Guillén no percibe una pensión según nivel F-5 con las respectivas alícuotas y tampoco figura en la planilla de jubilados de la MPA.

“Nadie es capaz de hacer cumplir esta sentencia, he seguido un proceso de cumplimiento y ningún resultado, al contrario, he tenido que quejar al juez Carlos Polanco Gutiérrez porque me ha dicho muchas veces que si la municipalidad me paga todo lo que me debe, se quedarán en la ruina y se verá perjudicada la ciudad”, asevera el exdirector municipal de Arequipa.

Producto de esta pelea legal, ha acumulado por lo menos 2 toneladas de documentos, cuidadosamente guardados.

Guillén se prepara estos días para seguir en la batalla y demandará al alcalde de la ciudad, Alfredo Zegarra Tejada, por ser el titular del pliego, y al responsable de Recurso Humanos, Luis Hidalgo Ortiz. La acusación será por desacato a las resoluciones judiciales.

Mientras esto se resuelve, seguirá cobrando a través de recibos sin valor y fuera de planilla. Seguirá esperando percibir los devengados alguna vez.

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