Caso “Los Hijos del Cóndor”: Decisión judicial en caso Cáceres se alarga

Durante el segundo día de audiencia del caso Los Hijos del Cóndor, el magistrado José Málaga Pérez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios,  valoró que los consejeros regionales involucrados, se habrían sometido ante las promesas del gobernador Elmer Cáceres para favorecerlo políticamente.

El juez resaltó algunos puntos de la investigación de la Fiscalía que se basaron en audios, chats y otros documentos. Estableció  que los funcionarios actuaban como una organización, cuyo líder sería a Elmer Cáceres Llica.

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Habían ofrecimientos

Un elemento que demostraría esta relación es señalado por la Fiscalía en un diálogo entre consejeros y funcionarios.

“En esta conversación es claro cuando Jeymi  Flores Quicaña indica: ¿Tú que vas a pedir, obras o dinero en efectivo? Obviamente, son los beneficios, las entregas que se prometía y donde participan el gerente Gregorio Palma por orden de Elmer Cáceres Llica. Los consejeros están pidiendo como si fuera un derecho lo que les ha ofrecido (Cáceres)  como cabecilla de la organización, y se organizan en ese sentido”, dijo el juez alegando que existen suficientes indicios para determinar la existencia del delito de cohecho.

El letrado  también resaltó que el grupo de investigados actuaban de forma clandestina y eran cuidadosos al momento de reunirse, ya que  buscaban no dejar registros. Por ejemplo, no permitían uso de celulares.

“Acá hay el tema de secretismo propio de una organización”, expresó el juez.

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Proveedores del Estado

Otro de los temas que el juez resaltó en la lectura de resolución de requerimiento de prisión preventiva es la intervención  de consejeros y otros funcionarios en la búsqueda y designación de proveedores del Estado en varios proyectos. En las mismas habría familiares directos de las autoridades.

El lunes, durante el primer día de lectura de la resolución del juez,  los detenidos alegaron inocencia. Pero, si se confirma la existencia de los delitos, la autoridad regional podría afrontar hasta 31 años de pena privativa de la libertad  por el  ilícito de  organización criminal y cohecho.

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Se definirá situación de los detenidos

El magistrado siguió ayer /25 de noviembre) con la lectura de sus argumentos resolutivos y hoy debe llegar a la conclusión, señalando si el gobernador y los demás investigados seguirán el proceso de investigación detenidos o en libertad. De confirmarse la prisión preventiva, lo que queda es precisar el tiempo.

Anoche, tras culminar la audiencia, por redes sociales se publicó una carta firmada por Cáceres en donde afirma que respetará la decisión del juez.

Sin embargo, protestó la demora de la audiencia y la vulneración de derechos a la cual fue objeto. “Yo creo en la justicia”, escribió.