Contraloría inhabilitó a 28 funcionarios del Gobierno Regional, Sedapar y municipios

Entre los sancionados está el exgerente de Sedapar, Xavier Zagaceta, y Sarah Peña, extrabajadora del GRA
Contraloría inhabilitó a 28 funcionarios del Gobierno Regional, Sedapar y municipios

Contraloría inhabilitó a 28 funcionarios del Gobierno Regional, Sedapar y municipios

20 de Junio del 2018 - 11:11 » Textos: Nelly Hancco » Fotos: Correo

De los 468 funcionarios que fueron inhabilitados a nivel nacional para ocupar cargos públicos hasta por 5 años, en Arequipa hay 28 servidores en diferentes instituciones.

Entre los personajes sancionados por la Contraloría General de la República por hallar responsabilidades administrativas y hasta penales, se encuentra el exgerente de Sedapar Xavier, Zagaceta Maldonado. Según el reporte de la Contraloría, su infracción fue grave y por eso la sanción fue de un año y seis meses, desde el 13 de diciembre del 2017 hasta el 13 de junio del 2019. 

En la lista también figuran el exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Jorge Luis Aguilar Gallegos y la exfuncionaria Sarah Peña Dávila, quienes fueron inhabilitados por cinco años por considerarse que sus faltas fueron muy graves. Ambos personajes fueron investigados por realizar contrataciones directas en diferentes obras. La sanción es hasta el año 2022.

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Bajo esta causal también figura el exjefe de la Oficina Regional de Administración Juan José Velille Torres, quien está prohibido de laborar en el sector público por cuatro años.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, está el extrabajador Walker Inca Bedregal con 3 años de sanción para no laborar en entidades públicas (hasta 31 de enero del 2021). Para el órgano de control, sus faltas fueron muy graves. Como se recuerda, Inca fue cuestionado cuando laboraba en la Gerencia de Transportes, junto a Marcos Hinojosa.

Las regiones con más casos son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25).

Cabe precisar que esta sanción administrativa es independiente a las denuncias penales que se puedan realizar por la procuraduría de cada institución perjudicada.

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