El suspendido jefe de Inspectoria de la Policía en Arequipa, coronel PNP Richard Talavera Fuentes, quien fue detenido el 5 de noviembre por integrar la presunta organización criminal Los Correcaminos del Sur II, permanecerá recluido en el penal Socabaya, mientras duran las investigaciones en su contra, tras confirmarse ayer su prisión preventiva por 25 meses.
Como se recuerda, la defensa de Talavera apeló el dictamen dada por el juez Juan Carlos Churata, el 16 del mes pasado.
La medida judicial fue confirmada por los jueces superiores, Armando Coaguila Chávez y Paola Venegas Sarabia, integrantes de la Sala Transitoria de Extinción de Dominio de la Corte de Arequipa que consideraron que existen elementos de convicción para vincular al jefe de Inspectoría con los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Según la investigación que realizó la Fiscalía, el coronel PNP era responsable de designar personal de comisarías y otras dependencias para que acompañen a funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes y realicen operativos de control.
Además de intervenir a los propietarios de minivans que no pagaban los cupos mensuales interpuestos por la organización.
Por dichos "favores", el jefe de Inspectoría habría cobrado S/ 500 por cada operativo, además de regalos y beneficios particulares en Transportes.
También, según la Policía, en coordinación con Los Correcaminos del Sur, habrían realizado cobros irregulares a transportistas para evitar el internamiento de sus vehículos en los depósitos del a ciudad. Acusaciones también presentadas por la Fiscalía.
La defensa de Talavera, durante las audiencias de apelación, argumentó que la investigación fiscal carecía de elementos y que no podía basarse en lo dicho por "Chascoso", uno de los investigados cuya función en la organización, era recolectar el dinero de los cupos.
En el caso del supervisor de Transportes, Manuel Salazar, el juez de investigación preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, dispuso que cumpla detención domiciliaria. Esto luego de aceptar el requerimiento del Ministerio Público y tomando en cuenta la condición médica y enfermedad que lo aqueja.

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