Damnificados de Siguas, Quilca y LLuta sin apoyo

Seis votos permitieron que el Consejo Regional de Arequipa ratifique la Ordenanza N°33, emitida el 8 de marzo pasado, donde se deja sin efecto la Resolución Gerencial Ejecutiva N°236-2015-GRA/PEMS-GE. Mediante este documento se reconocía a 492 agricultores de los valles de Quilca, San Juan de Siguas, Santa Isabel, Lluta y Querque como damnificados, a causa de los deslizamientos producidos por las filtraciones de agua que generaron el uso excesivo del recurso hídrico en el proceso de regadío en el proyecto Majes I.

El debate en el Legislativo regional se inició debido a que el Frente de Defensa de los Agricultores que perdieron sus tierras, presentó una reconsideración a la ordenanza, debido a que esta tuvo como sustento el Acuerdo Regional N°014-2016-GRA/CR-AREQUIPA, donde señalan que tras la investigación realizada por los consejeros existirían indicios muy consistentes de posibles y graves irregularidades cometidos por funcionarios de Autodema en el proceso de reconocimiento de los afectados.

SIN PROCEDIMIENTO. El consejero y presidente de la comisión que evaluó el caso, Abelino Roncalla Quispe, señaló que las conclusiones en el informe son contundentes y que se probó las deficiencias técnicas al momento de hacer las evaluaciones para establecer la condición de damnificado.

El presidente del Consejo Regional, Edy Medina Collado, señaló que el pedido fue desestimado porque el Artículo 63 del Reglamento interno indica que los agricultores tenían 2 días hábiles luego de aprobada la Ordenanza N°33, para presentar su reconsideración y esta debía ir acompañada de la firma de un tercio de consejeros, pero al no cumplir esta disposición fue declarada improcedente.

Tras la votación, el presidente del Frente de Defensa de los Damnificados, Francisco Vera Pacheco, sostuvo que la comisión que evaluó el informe emitido por Autodema no conoce la realidad, y lo que pedían era verificar cada uno de los 492 casos de forma independiente. Advirtió que “existe un abuso y vamos a ir a los tribunales para hacer respetar nuestro derecho a la propiedad porque no hubo el respaldo”, sostuvo.