El representante de la concesionaria Cobra, encargada del proyecto Majes Siguas II, Joaquín Roura, expuso ayer ante los consejeros regionales porque se debe aprobar el dictamen y aprobar y firmar la adenda 13. Explicó que el contrato es para los trabajos de la fase 1 como es la refacción de la represa de Condoroma, la construcción del túnel de Pucará y-Trasandino que abarca 16 kilómetros de longitud, construcción de caminos, campamentos, entre otros.

“En el supuesto que se firme la Adenda 13. Lo primero que tiene que hacer la concesionaria es un incremento de garantías hasta el 10% del total del contrato que asciende a 55.5 millones de dólares. En el momento que se ponga esa garantía, en 15 días el Gobierno Regional tiene que hacer el desembolso de 48 millones de dólares porque de ese total, 44 millones son de obras ya ejecutadas”, argumentó.

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El representante indicó que los trabajos de la primera etapa tienen una duración de 4 años. Sin embargo, aseguró que al sexto mes de firmarse  la adenda 13, comenzaría con los trabajos de la fase 2.

Joaquín Raura, reveló que la obra de la primera fase tiene un avance de por lo menos el 40% y que a la fecha tuvo un desembolso de 114 millones de dólares. Ante esto, el consejero por Castilla Edy Medina, señaló que el contrato no está considerando la cláusula de corrupción, pero Raura precisó que sí está incluido y que en caso de darse actos de corrupción el monto de indemnización llegaría hasta los 98 millones de dólares. Agregó que tampoco se consideró que los terrenos de Pusa Pusa no estén saneados.  “A nuestra comisión el documento de la adenda 13 recién llegó el ocho de enero y nos quieren apresurar en elaborar el dictamen, consideró que la primera semana de febrero ya se tendrá el dictamen para el debate en el pleno del Consejo Regional”, expresó.

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Por su parte el gerente de Autodema, Arturo Arroyo, aseguró que en octubre del año pasado remitieron a los consejeros el escrito sobre la firma del documento. “La información lo tienen desde varios meses. Pienso que hay falta de responsabilidad de que no lo hayan leído”, relató.

El consejero por Arequipa, Harberth Zúñiga, cuestionó una presunta transferencia de acciones de la concesionaria Cobra a capitales franceses e interrogó como suplirá el retiro de Cosapi.

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El representante de la concesionaria respondió que en julio del 2018, Cobra compró las acciones de Cosapi porque estaba involucrada en actos de corrupción. “Quién da la experiencia y la capacidad financiera es Cobra”, alegó.

El funcionario negó que la concesionaria haya cambiado de accionistas. Incluso aseguró que el consorcio tiene liquidez por más de 60 mil millones de dólares anuales, lo cual le permite financiar el proyecto. Finalmente, los consejeros pidieron precisión sobre la adenda 13.