Arequipa: Gerente de Educación afronta 7 investigaciones en Puno

Jorge Luis Choque Mamani, titular de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, afronta por lo menos siete procesos investigatorios derivados del desempeño de similar cargo durante el año 2014 en la Dirección Regional de Educación de Puno, todos basados en denuncias formuladas por la Procuraduría del Gobierno Regional de esa jurisdicción.

CONSEJO. Uno de los impulsores de la investigación sobre lo actuado por Choque en la región altiplánica, es el consejero regional por la provincia de Puno, Walter Paz Quispe Santos, quien como servidor público de dicho sector vio de cerca la actuación del hoy gerente regional en la Ciudad Blanca.

“En el Gobierno Regional de Puno (GRP), se le está investigando por diferentes casos, pero los más saltantes son la adquisición de equipos en el programa Ciber Amauta por presunta sobrevaloración, la incorrecta orientación de los recursos destinados al programa presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes (PELA) y la ejecución del convenio con universidades para los diplomados porque no se rindió informes claros de la ejecución prespuestal”, aseguró Paz Quispe.

Correo dialogó con Choque Mamani para solicitar su versión sobre este asunto y ante la pregunta sobre los procesos en su contra, aseguró que todos están archivados y fueron motivados por gente inconforme con sus decisiones. “Todos los funcionarios son denunciados, la gente se queja y hace denuncias, pero luego se investiga y entonces quedan en nada, son archivadas”, explicó adelantando su convicción de que ese será el destino de las investigaciones a cargo del Ministerio Público en base a informes formulados por la Procuraduría del GRP.

LAS DENUNCIAS. Un reporte del Ministerio Público al que accedió Correo, evidencia un largo listado de denuncias en contra de Jorge Luis Choque, desde el año 2002, pero las más recientes corresponden a su desempeño en la región Puno.

El primer caso es la denuncia por abuso de autoridad donde el agraviado es el Procurador del Gobierno Regional de Puno, actualmente en etapa de investigación preliminar y data de febrero del presente año.

Con archivamiento preliminar figuran dos denuncias por omisión y rehusamiento, retardo del acto oficial en agravio del Gobierno Regional de Puno y en contra de Wilfreda Segundina Larico Mamani, de los meses de julio y agosto del año 2014.

Le sigue otra en etapa de investigación preliminar por el delito de asociación ilícita, abuso de autoridad y omisión y rehusamiento retardo del acto oficial, donde el agraviado es el Procurador del Gobierno Regional de Puno y la Procuraduría especializada contra el Orden Financiero y la denunciante es Elisea Eteria Quispe Yapo. Data de diciembre 2014.

Aunque sobre las mencionadas líneas arriba Choque dijo no recordar nada, respecto al último aseguró que la denunciante Eteria Quispe Yapo, es una docente causante de problemas en su institución educativa, inclusive golpeó a estudiantes y hubo toma de local para retirarla del cargo.

La lista continúa con la investigación preliminar en el caso de nombramientos ilegales a favor de un grupo de exfuncionarios, donde los denunciantes son Alejandrina Serruto Zea, Modesto Leonardo Rodríguez Quispe, Alfredo Aro Ccalli, Eusebio Quispe Mendoza, Edgar Luis Gutiérrez Gómez y Rodrigo Gómez Esteba. Es de octubre 2014.

Choque también afronta otra denuncia por abuso de autoridad y omisión de funciones que tiene como agraviado al Procurador del GRP, así como a seis trabajadores denunciantes quienes lo acusan de actuar en contra de las normas institucionales y con ello causar daño.

En julio 2014, se le formuló denuncia por delito contra la administración pública y la investigación está en archivo preliminar en espera de otras indagaciones.

OTRO MÁS. En junio 2004, se emitió la Resolución Ejecutiva Regional de Presidencia Regional N° 197-2004 del GR-Puno sancionando a Jorge Choque con la destitución del cargo de Director Regional de Educación de Puno por haber incurrido en faltas administrativas. En esa ocasión, la comisión de procesos administrativos lo encontró responsable de “no haber cumplido con presentar al Ministerio de Educación en los plazos previstos, los expedientes para el proceso de nombramiento de docentes en la III Etapa y haber omitido incluir información”, hecho que causó perjuicio al Estado y en contra de a un total de 700 docentes, quienes formularon reclamo mediante su sindicato.