La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), en el marco del proceso de liquidación del Sodalitium Christianae Vitae y organizaciones vinculadas, anunció la apertura de un “Canal de primera escucha” dirigido a víctimas de abusos que aún no han sido debidamente reparadas.
La iniciativa se enmarca en la fase final del proceso de disolución del Sodalicio y otras organizaciones fundadas por Luis Fernando Figari, suprimidas por el Vaticano en 2025 tras graves denuncias de abusos.
Esta apertura forma parte de una nueva misión especial de carácter diplomático y busca atender directamente a quienes sufrieron distintos tipos de violencia dentro de la denominada “familia espiritual sodálite”.
El proceso de atención se llevará a cabo entre el 4 y el 22 de mayo de 2026 en la sede de la Nunciatura Apostólica en el Perú, ubicada en la avenida Salaverry, en el distrito de Jesús María, en Lima.
Durante ese periodo, se recibirá a personas que denuncien haber sido víctimas de abusos y que no hayan recibido una reparación adecuada hasta la fecha.
El “Canal de primera escucha” está dirigido a recoger testimonios sobre una amplia variedad de abusos atribuidos a miembros del Sodalicio y organizaciones relacionadas. Entre ellos:
- Abusos físicos y sexuales
- Abusos espirituales, como el uso indebido de información obtenida en la dirección espiritual
- Abusos de conciencia mediante prácticas sectarias orientadas a quebrantar la voluntad
- Abusos de poder y autoridad, incluyendo acoso laboral, encubrimiento institucional y acceso indebido a comunicaciones
- Irregularidades económicas y otros malos manejos
- Estos criterios recogen lo señalado previamente en comunicados de la Conferencia Episcopal Peruana emitidos en 2024.
CÓMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS
Según el comunicado del Comisario Apostólico a cargo del proceso de liquidación de las sociedades de vida apostólica, señala que esta medida de escucha es de carácter excepcional y limitado del proceso. Una vez concluido el plazo el 22 de mayo de 2026, no se admitirán nuevas denuncias ni solicitudes de indemnización.
Las personas interesadas podrán solicitar una reunión presencial para ser escuchadas directamente, o presentar su denuncia por vía electrónica dentro del mismo plazo. En ambos casos, deberán identificarse plenamente y detallar los hechos denunciados. No se aceptarán denuncias anónimas.
Tras el cierre del plazo, cada caso será evaluado de manera individual. El proceso de análisis podría extenderse por al menos tres meses, tras lo cual se comunicará a los denunciantes el resultado, incluyendo la eventual determinación de compensaciones económicas.
