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En el 2022 se registró un 67% de informalidad laboral en Arequipa y este 2024 disminuyó a un 63%, cifra que genera cierto positivismo en la sociedad, sin embargo, queda insatisfacción porque muchos de los trabajadores no gozan de una buena remuneración o al menos no cuentan con los beneficios dentro de una empresa formal.
Si bien, el empleo es fundamental para generar ingresos económicos, muchos beneficios no se incluyen, generando inestabilidad a nivel local y nacional.
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De acuerdo a la gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Catherine Rodríguez Torreblanca, la reducción de informalidad a poco de terminar el segundo semestre de este año fue de cuatro puntos, debido a las acciones realizadas por las autoridades, además que el emprendedor ha mejorado después de la pandemia.
“Nos interesa la formalización y empresas formales que contratan a trabajadores porque esto genera mejores condiciones para ellos (...) Falta mucho por hacer, de los contratos formales de los trabajadores en mejores condiciones, pero nos alegra que se haya reducido al menos en 4 puntos”, mencionó ayer, Rodríguez Torreblanca, luego de haber participado en el anuncio del programa “Pisco para el Mundo” en la Cámara de comercio e Industria de Arequipa.
A pesar de los esfuerzos, la informalidad sigue por encima del 50%, mientras que la formalidad apenas alcanza el 37%. Esto respondería a deficiencias políticas laborales del sector privado y la paralización de proyectos de envergadura. Este año, la ciudad Blanca cayó del segundo al cuarto lugar en competitividad laboral, según el Índice de Competitividad Regional (INCORE) del 2025, por lo que se buscará reducir dicha cifra.
PRECARIO Y EXCLUSIÓN
Por otro lado, sostuvo que el empleo en Arequipa está ocupado al 90%, sin embargo, estarían dentro del rubro informal, por lo que los beneficios son mínimos afectando los ingresos económicos, el desarrollo de las habilidades y competencias, contribuir al crecimiento económico, oportunidades de crecimiento, entre otros.
Catherine Rodríguez lamentó que dentro de este grupo de informales estén personas con discapacidad y mujeres que serían los más perjudicados, debido a las condiciones precarias que reciben. Afirmó que no se cuenta con un contrato definido, por lo que muchas veces no reciben remuneración mínima, además laboran fuera del horario establecido, condiciones infrahumanas o extremas, e incluso trabajan menores de edad.
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En el caso de las personas con discapacidad, manifestó que muchas empresas no cumplen con insertarlos, pese a que la ley los exige. Como se conoce, en las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%.
“En pleno 2024 no tenemos sensibilidad para insertar personas con discapacidad. Pero también por el lado de prepararlos para ciertas labores de trabajo, apostar por sus familiares con discapacidad, aprender una profesión para insertarse en el mercado laboral”, destacó.
Asimismo, destacó la cantidad de jóvenes que apuestan por los trabajos temporales, especialmente en fechas festivas.