Juan Carlos Rondón y Gustavo Eguren creyeron en el éxito de PrestaPerú

Era el año 2014, una fecha importante para todos los directivos de Prestasur pues en agosto cambiarían de nombre a PrestaPerú y con ello, también inaugurarían un moderno edificio en el distrito de Magdalena del Mar, en Lima. En dicha reunión, donde se encontraba el hoy detenido presidente de PrestaPerú, René Manrique, también se encontraban los excongresistas Juan Carlos Eguren y Gustavo Rondón.

Ambos hoy son investigados por los agentes de la Diviac y la Fiscalía de favorecer políticamente a los denominados  Embaucadores del Sur, banda integrada por los directivos de la extinta cooperativa.

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De acuerdo a la revista Perú Cooperativo, esa misma noche ambos congresistas vaticinaron en el éxito de la cooperativa y hasta Eguren se animó a decir que en muy poco tiempo dejaría de ser PrestaPerú para llamarse PrestaAmérica.

“El nuevo nombre comercial no durará mucho, el nuevo nombre será dentro de muy poco PrestaAmérica y será por el esfuerzo y compromiso de toda su gente que cree en el cooperativismo en el Perú”, expresó Juan Carlos Eguren esa noche a la revista.

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De la misma manera pensó Gustavo Rondón quien felicitó a los directivos de PrestaPerú por ser una inspiración para las demás cooperativas a nivel nacional. “Veo que en esta entidad financiera pasaron de los miles a los millones, eso está bien, pero creo que es fundamental hacer crecer el cooperativismo”, dijo esa noche.

La presencia de ambos congresistas no sería una casualidad, pues las investigaciones por parte del Ministerio Público quieren demostrar que en algún momento, los directivos de la cooperativa pidieron el apoyo de los legisladores para fomentar la creación de una normativa que beneficie a estas financieras. En 2016, Eguren se opuso a la aprobación de una ley para la fiscalización de las cooperativas.

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La Fiscalía sospecha que René Manrique dio dinero a través de testaferros y familiares directos de los legisladores para obtener este apoyo el cual no se plasmó con el paso de los años debido a que la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) había comenzado a detectar varios movimientos económicos irregulares en varias cooperativas del país.