Juicio contra alcalde Omar Candia termina en febrero y Fiscalía pidió 10 años

Proceso que involucra a tres exfuncionarios es por el delito de colusión en la compra de cámaras de seguridad
Juicio contra alcalde Omar Candia termina en febrero y Fiscalía pidió 10 años

Juicio contra alcalde Omar Candia termina en febrero y Fiscalía pidió 10 años

24 de Enero del 2018 - 11:40 » Textos: Juan Guillermo Mamani

El alcalde de Alto Selva Alegre, Omar Candia, al igual que tres de sus exfuncionarios, Fredy Gómez Benavente, Juan Felipe Lizárraga y Reynaldo Ubaldo Díaz, recibirán dentro de poco tiempo un fallo por parte del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), por el presunto delito de colusión, el mismo que se definiría en febrero.

Según la carpeta fiscal del Dr. Rubén Nuñez, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, existen suficientes indicios para determinar que el alcalde, al igual que sus exgerentes, habrían cometido irregularidades al asociarse con la empresa Soluciones del Perú SA y Andina Technology Patners INC, representadas por José Ríos Sánchez, a fin de adquirir e instalar el servicio de 40 cámaras de seguridad en el distrito en el 2012.

Este requerimiento habría tenido un perjuicio para la municipalidad de 2 millones 100 mil soles, así como una deuda de 36 mil soles a Seal.

Por estos delitos, el Ministerio Público solicita una pena privativa de libertad para los mencionados de 10 años, además de un pago de 2 millones y medio de soles de reparación civil.

ARGUMENTOS

El caso se remonta al año 2011, cuando la división de servicios comunales contrató a un especialista para realizar un estudio sobre el mejoramiento de la seguridad ciudadana.

Un año después, se hizo el requerimiento de licitación para la compra e instalación de cámaras de seguridad.

Al año siguiente, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoria, encontrando irregularidades en el proceso de contratación.

De esta forma, se supo que el contrato se cerró con la única empresa que se había presentado a la licitación. El alcalde y sus funcionarios le dieron la buena pro al proyecto de seguridad ciudadana.

Entre las pruebas, puestas en la acusación, existe una notificación por parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) que advirtió del proceso y pidió, en el año 2012, que se anule la licitación, pero este pedido no fue atendido por el burgomaestre.

A pesar de las observaciones, la municipalidad continuó con los trabajos, divididos hasta en tres etapas, pero no se advirtió de las modificaciones de la contratista en plazos, costos e instalación, sobre todo, en la fibra óptica. El cambio significó una multa de 36 mil soles, pues la contratista instaló la fibra óptica en postes de Seal.

La Fiscalía advierte que el proceso de contratación habría sido direccionado, pues no se realizaron las observaciones en los plazos y montos que se iban a usar, hablando específicamente de las cotizaciones en la base del concurso que, a decir del Ministerio Público, jamás se realizó.

DEFENSA 

El burgomaestre Candia mencionó que el proceso judicial fue realizado por un grupo de enemigos que quisieron desestabilizar su gestión.

“Nosotros estamos pidiéndole al Poder Judicial que acelere este proceso, porque esto pasó en el 2012. Ya han pasado 6 años y aún no existe un fallo”, dijo el alcalde.

Con respecto a la crítica de que recibieron cámaras malogradas, refirió que, a la fecha, solo 8 de todos los aparatos se encuentran deteriorados, esto por el paso de los años, pues afirmó que cada uno solo tiene una vida útil de un lustro.

Con respecto a que la OSCE pidió la nulidad del proceso, señaló que dicho proceso debió pedirse a los 10 días hábiles, pero esto tampoco se hizo luego de elegir al postor.

“Esta acusación no tiene pies ni cabezas, no hubo hechos delictivos. Yo solo quiero que se resuelva lo más antes posible, me ha generado un daño moral”, finalizó.

OSCE pidió la nulidad de la licitación

Parte del informe de la Contraloría detalla la inobservancia del procedimiento de pago, pues no se consideró los plazos establecidos en que debía trabajar la contratista, así como la forma de pago en el que se realizaría el contrato.

Candia indica que no existió irregularidades en los pagos ni en la adquisición de las cámaras, y que el proceso de licitación fue regular.

  • 2012 abril, se realiza el primero pago a la empresa por 754 mil soles
  • 17 cámaras de las 40 que debía instalar la empresa habrían estado estropeadas

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