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El ocho de febrero de 2017, los restos desmembrados de F.A.A, una mujer de 24 años, fueron encontrados por personal de limpieza municipal en la torrentera de la avenida Los Incas y en el río Chili.
Ese mismo año, su pareja y presunto responsable, se suicidó en su domicilio. La Tercera Fiscalía Penal de Arequipa decidió archivar la investigación. Los fundamentos: el imputado laboraba como taxista, oficio que no es compatible con el tipo de herramienta industrial utilizada para el desmembramiento y que la víctima ejercía el meretricio clandestino, lo que habría motivado a su expareja para que le arrebatara la vida.
La Fiscalía ignoró la declaración de un testigo quien informó sobre un amigo que frecuentaba el imputado “conozco a un amigo que tiene por apelativo “Foco” que tiene una carpintería, se donde queda”.
La sensación para los familiares es la misma: no se hizo justicia
En el caso de mujer de 37 años que se desempeñaba como trabajadora de limpieza en un nosocomio, la sensación para los familiares es la misma: no se hizo justicia. Sus restos óseos fueron hallados en la carretera Charcani, también en 2017. Estaba gestando cuando fue asesinada. Los indicios apuntaban a su pareja. Sus familiares narraron que fue obligada a abortar en dos oportunidades. Perdieron su rastro cuando salió a encontrarse con el sospechoso, para una evaluación médica.
El Ministerio Público declaró la investigación compleja y luego la archivó. En el informe fiscal se lee que “no se encontraron restos hemáticos, en las pericias realizadas a las prendas de la víctima”. Sin embargo, el dictamen pericial de biología forense, emitido por el Departamento de Criminalística de Arequipa, concluyó la existencia de estos restos en la polera de la mujer.
El abordaje de los fenómenos de feminicidios en el país sigue dejando sinsabores
Los dos casos reflejan, en buena medida, cómo el abordaje de los fenómenos de feminicidios en el país sigue dejando sinsabores y un profundo dolor en las sobrevivientes de violencia y familiares de las víctimas.
Esta preocupación es advertida por la Defensoría del Pueblo que, según su informe Feminicidios en Arequipa: Análisis social y jurisdiccional de los casos consumados en la región durante el 2017, se presentaron 11 casos de feminicidio durante ese periodo. Tres años más tarde, siete siguen en espera de obtener sentencia para los culpables.
En Arequipa hay normas de protección a la mujer, pero las cifras demuestran que hay vacíos. “Todas las víctimas de feminicidio tenían orden de protección, debido a antecedentes de agresión, pero las medidas para resguardar su integridad no fueron efectivas”, explica el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique.
Disparidad de criterios jurídicos
Los cuatro casos donde se consiguió penas efectivas para los asesinos no son homogéneos, respecto a los años de prisión y reparaciones civiles. Algunos casos no han sido tipificados debidamente por las premuras y los malos manejos en los procesos de investigación
Mientras que en una sentencia se dispuso 8 años y 7 meses de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de 10 mil soles, en otra el juez dictó 25 años y el pago de 50 mil soles.
Como alternativa de solución a corto plazo, se recomendó la creación de un Pleno Jurisdicción Distrital. Un suerte de mesa de diálogo entre actores como el Ministerio Público, Corte de Arequipa y Centro de Emergencia Mujer, para abordar estas problemática.
La propuesta sigue siendo evaluada por el Poder Judicial. El tiempo corre, las agresiones continúan y la muerte respira sobre las victimas de violencia.
