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Su nombre es María Alejandra Cárdenas Ávila, titular de la Fiscalía de Crimen Organizado, que hoy en día, en los pasillos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y del Ministerio Público es llamada la “fiscal de las autoridades”, pues en su trabajo ha desarticulado a dos organizaciones criminales en instituciones importantes.
La primera fue la mafia en Jardines de Chachani, relacionada con la administración municipal del exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada.
La de “Los correcaminos del sur”, ligada ala Gerencia de Transportes del Gobierno Regional de Arequipa, es la segunda asociación ilícita bajo su investigación. Pero también tiene otros casos importantes, que inclusive fueron del interés del Poder Ejecutivo, como la acusación contra los “Espartambos” y Pepe Julio Gutiérrez, quien fue descubierto pidiendo un millón de dólares para frenar las protestas y marchas contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú.
TRÁFICO DE TERRENOS
El aparente tráfico de terrenos en la asociación Jardines de Chachani del Cono Norte motivó una investigación que terminó en julio del 2018 con la detención de 26 implicados, entre ellos los hermanos José y William Merma Valencia, considerados como los líderes de la organización. Se incluía a un juez de paz letrado, un exfiscal y José Luis Cavero Astete, hombre de confianza de Alfredo Zegarra, y funcionarios de la comuna provincial, así como a Leandro Castañeda, exdirigente de AUPA.El caso puso al descubierto ciertas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), lo que llevó a incluir a Alfredo Zegarra en el proceso que, hasta ese momento, lo había involucrado solo como testigo. Desde setiembre es investigado por abuso de autoridad. Y es que la Fiscalía tiene pruebas del aparente mal uso del cargo del exalcalde, cuando intentó expropiar terrenos particulares de dicha asociación para entregárselo a los invasores.
Solo 6 de los 26 intervenidos en julio fueron enviados al penal de Socabaya por 36 meses de prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita para delinquir. Entre ellos Cavero Astete, considerado como el brazo político de la organización.
Meses más tarde, la magistrada María Alejandra Cárdenas también consiguió que el Juzgado Anticorrupción aprobara su pedido de impedimento de salida del país de Zegarra, expuso que existe un peligro de fuga. No descartó que en algún momento también sea denunciado por el mismo delito que los demás.
LICENCIAS
El segundo caso ocurrió la última semana de diciembre, luego de 7 meses de investigación que culminaron con la captura del gerente regional de Transportes, José Gamarra, acusado de liderar una organización criminal dedicada al cobro de sobornos a los transportistas informales, es decir, a los conductores de miniván.Junto a Gamarra están detenidos otros 5 funcionarios de Transportes y tres personas que serían responsables de cobrar entre 200 y 500 soles mensuales por unidad.
En este caso, fueron las declaraciones de 5 testigos protegidos las que ayudarían a dar con la desarticulación de “Los correcaminos”, quienes, al parecer, desde el 2015 realizaban estas extorsiones.
Para identificar a los que habían pagado, se les pegaba en algún documento un sticker distintivo.
Cárdenas señaló que Yamila Osorio será citada como testigo en la investigación, pero no descartó que en algún momento sea incluida como investigada.
Osorio, en conferencia de prensa del sábado 30, deslindó cualquier tipo de responsabilidad con la organización criminal. En ambos casos, todavía no han entrado a juicio, pero se espera que en el 2019 comiencen tales procesos en la Corte de Arequipa.
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