Aplicar la pena de muerte a quienes cometan el delito de abuso sexual a menores de edad, no es ejecutable y no sería una solución para prevenir o evitar la ocurrencia del delito. Por el contrario, según la Fiscalía, es inconstitucional e inadmisible.

Durante la tercera audiencia descentralizada para discutir sobre la aplicación de la pena de muerte, organizada ayer en el Colegio de Abogados de Arequipa por el Ministerio de Justicia, la fiscal especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Arequipa, Yajaira Huamán, indicó que la pena para el violador a menores de 14 años es de cadena perpetua y para víctimas mayores de 14 años es de 20 años a cadena perpetua.

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Desde la práctica y experiencia, argumentó que, de aplicarse la muerte, tendría otros riesgos, como disminuir las denuncias, porque en la mayoría de casos, los abusadores son del entorno familiar y por vergüenza no denuncian. A eso se suma la culpabilidad del delito que atañen a la víctima del abuso (por condiciones de vestimenta, embriaguez) y en este caso se atañería una culpa más, ser la causante de una muerte.

De las 22 mil denuncias de violencia recibidas durante el 2024 en Arequipa, entre 2 mil 500 y 3 mil son por abuso sexual y de esta cifra, en su mayoría son a menores de 14 años.

AUDIENCIAS Y ENCUESTA PARA PROPONER LA PENA DE MUERTE

El ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, alegó que el Ejecutivo no tiene una postura a favor, ni en contra, sino una propuesta del Estado, sin fines políticos.

Solo unos cuantos alcaldes participaron en la audiencia, junto a un representante de la Defensoría del Pueblo, del Colegio de Abogados, Universidad San Pablo, entre otras instituciones que expresaron ideas a favor y en contra. Sin embargo, algunos asistentes emitieron sus votos en una encuesta virtual y según se comunicó al final del evento, 57.8% de 116 participantes están de acuerdo con la pena de muerte. Pero a la consulta precisa si están de acuerdo con la pena de muerte a violadores de menores de edad, solo votaron 67 y el 97% dijo que sí.

Luego de los diálogos descentralizados en aproximadamente 20 ciudades, hasta marzo del 2025, se hará una encuesta nacional, donde la población votará. Según el ministro, no será una consulta popular. Posteriormente, se trabajará con los colegios profesionales y el Congreso para presentar la propuesta final. Todo el proceso de la modificación de la Constitución, el Código Penal, incluyendo el retiro del pacto San José, tardaría aproximadamente 3 años.

El congresista Jorge Montoya no descartó que la pena de muerte se puede ampliar a otros delitos como corrupción, sicariato.

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