Las cuatros propuestas de reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo para su aprobación tienen como objetivo la reforma del sistema judicial y político en el país.
Dos de estas reformas ya fueron aprobadas por el Parlamento: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y la fiscalización del financiamiento de partidos políticos.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, en diálogo con Correo, manifestó que estas apuntan a que el control sea externo en la administración de justicia, con la creación de una autoridad autónoma que ejerza el control sobre la conducta de los magistrados.
ACCIONES. Actualmente el control interno, la designación y ratificación de jueces y fiscales, está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, esto podría cambiar si en diciembre estas reformas se somete a referéndum y sea respaldada por la población.
“Es saludable que ese control se haga desde afuera, hay elementos que contribuyen a la reforma del sistema de administración de justicia”, enfatizó.
Sin embargo, la corrupción no solo esta incrustada en el Poder Judicial, sino que también alcanza a todos los niveles de gobierno, el nacional regional y municipales. Por lo que hacen falta otras herramientas que ayuden a frenar la corrupción.
Contribuiría la legislación penal en materia de corrupción, la transparencia de las decisiones de los magistrados judiciales, tanto jueces como fiscales. “Hay otras propuestas del Ejecutivo para la creación de autoridades autónomas que puedan ejercer funciones de control sobre los magistrados, desde el PJ y el MP”, comentó.
CONGRESO. Destacó que el Congreso haya aprobado ya dos reformas, y confía que las cuatro estén antes del 4 de octubre. “No cabe duda, que estas son indispensables para la marcha del sistema de justicia en el país, pero también para el sistema político”, indicó.
En lo que respecta al sistema de justicia la reconstitución del Consejo Nacional de la Magistratura con la Junta Nacional de Justicia ayudaría en el control externo.
Los integrantes del CNM serían designados con un riguroso concurso público, de tal, manera que los ciudadanos formulen tachas con requisitos meritocráticos exigentes para una mejor selección de jueces y fiscales.
La segunda iniciativa de transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, particularmente en las campañas electorales es una necesidad, ya que el círculo de la corrupción empieza en estos: con financiamiento con dineros mal habidos, de intereses diversos que quieren contratar en un futuro con el Estado.
“Es importante transparentar los aportes de campaña, y lo sustancial es la bancarización de los recursos”, dijo. Incluso pasaría a ser un delito el financiamiento ilegal de los partidos políticos.
Refirió que el historiador Alfonso Quiróz señala que cada año el país pierde entre el 2 y 4% de su Producto Bruto Interno (PBI) por la corrupción