El presidente de la Federación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Arequipa (Femar), Máximo Adolfo Franco Bequer, denunció ayer que 50 de sus compañeros se habrían visto afectados por el presunto delito de suplantación de identidad durante diversos procesos para la compra de explosivos en la región. Y aunque el caso se denunció ante las autoridades responsables, de regular este tipo de compras, poco o nada se ha hecho para solucionar el problema.
Las cuestionables compras se venían gestionando por inescrupulosos desde diciembre del año pasado y fueron aprobadas en junio de este 2023 por la Gerencia Regional de Energía y Minas, siendo el titular de la entidad, Yakir Rozas Manya. En ese mismo mes, sólo 2 denuncias llegaron a formalizarse y el entonces gerente apenas señaló que implementaría un filtro de control.
“Queremos que tomen medidas para evitar la suplantación, hay muchos explosivos que están sacando y no sabemos para qué los están utilizando, suponemos que es para minería, quizá para comercialización (sobrevalorada) porque sabemos que algunos venden cada explosivo a S/1 500, cuando el precio es de S/1 000″, agregó.
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¿Cómo realizan las compras?
Uno de los afectados es Hernán Chávez Huamaní, quien fue presuntamente suplantado por Paulino Rodríguez Luque, sujeto que habría realizado la compra de explosivos valorizados en 147 mil 205 dólares, valiéndose de una carta poder falsa (el documento tenía la rúbrica de una notaría local). El trámite inició el 26 de diciembre de 2022 ante la GREM, entidad que debe brindar la autorización de la compra de los explosivos, como ocurrió en abril.
El abogado del denunciante, Breny Toro Tello, explicó que Chávez Huamaní no se percató de la suplantación sino hasta mayo de este año, cuando su contador le advirtió que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) registra como ‘pendientes’ el pago de impuestos por la compra y transporte de explosivos.
La irregularidad fue inmediatamente denunciada ante la Policía Nacional. Ahondando más en el caso, el afectado detectó que había una solicitud de compra ante la GREM y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) sin que se haya advertido mínimamente una alerta de suplantación.
“Hay mucha informalidad respecto a la legalidad de documentos y la legalidad que maneja la administración y no hace los filtros adecuados para verificar si es la identidad de una persona. Se tiene que pasar por procedimientos que no se han cumplido”, dijo. Los explosivos fueron adquiridos a las empresas Fábrica de Explosivos del Sur SAC y MAXAM PERÚ SAC. En tanto, para el servicio de transporte se acudió a las empresas Kira Transportes & Servicios Generales SAC Transportes RMA SRL por un monto de 31 mil 793 soles. Sospechosamente, se advirtió que los explosivos tenían como destino el distrito de Colquemarca, en la región Cusco y fueron recepcionados por la empresa Asistencia Técnica para la Minería y Construcción.
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