Ante los constantes procesos de investigación que afrontan varios burgomaestres con respecto a la ocupación de quebradas y torrenteras, el congresista arequipeño, Sergio Dávila, presentó un proyecto de ley ante el pleno, para sancionar penalmente a aquellas autoridades que autoricen dichas construcciones.
Esta medida también sería motivo de vacancia para las mismas autoridades.
El parlamentario detalló que, existiendo un dispositivo legal, las investigaciones se acelerarían y podría sancionarse no solo a los alcaldes, sino también a los funcionarios involucrados.
“Existen asociaciones de vivienda que se han posesionado en torrenteras, poniendo en riesgo no solo sus vidas si no también las de sus propias familias, la Fiscalía ha exhortado que se realicen las inspecciones, pero algunos no han hecho caso”, dijo el parlamentario.
Este antecedente sirvió para que Dávila elabore la propuesta que será debatida en el pleno del Congreso.
Explicó que al existir una denuncia penal, también se llevaría un proceso de juzgamiento y con esto, una posible condena, que según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sería causal de vacancia dentro del marco de un sesión de concejo.
Investigaciones. Actualmente el Ministerio Público tiene hasta 8 investigaciones en municipalidades de Arequipa provincia, la gran mayoría sobre uso indebido de terrenos.
A la par, también se formuló una investigación penal en contra del alcalde de Alto Selva Alegre (ASA) Omar Candia, por permitir la ocupación de terrenos en zonas consideradas como de riesgo natural en el sector de Villa Ecológica.
Este caso debería ser resuelto de manera acelerada por un Juzgado especializado de aprobarse la ley.
Proyecto será debatido en el pleno.
