Una vez más el Hospital Regional de Ayacucho se encuentra en medio de cuestionamientos por presuntas anomalías en su administración. Esta vez, la Contraloría General, advirtió sobre la contratación de personal administrativo y asistencial en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) sin previo concurso público, generando un perjuicio económico a la institución.

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Contraloría remitió informe de orientación

Mediante el informe de orientación de oficio N° 013-2022-OCI/5458-SOO, sobre la contratación del personal en el régimen laboral 1057 se emitió una serie de riesgos.

Una de las principales alertas es que la unidad de personal viene contratando personal administrativo y asistencial en la modalidad CAS, sin realizar concurso público, situación que pone en riesgo la selección de servidores públicos calificados afectando el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y la transparencia en los contratos.

El informe detalla que, según la relación del acervo documentario y de la verificación de los resultados de los procesos CAS efectuados por la Unidad de Personal de la entidad, durante los periodos 2015, 2017, 2018, 2019 , 2020 y 2021 no se encuentran consignados los procesos CAS efectuados por la entidad. Estos se encuentran publicados en la página web de la Hospital regional de Ayacucho, identificándose selectivamente un total de 137 servidores, entre asistenciales y administrativos, quienes vienen laborando en la entidad, sin haber concursado para la plaza en la cual aparecen prestando sus servicios con remuneraciones indistintas, que muchos de ellos no cumpliría el perfil en dichas plazas, incumpliendo el decreto legislativo 1057 a diferencia del personal que si lograron acceder a una plaza vacante de forma debida.

En el documento se advierte que la entidad viene contratando a un total de 137 trabajadores aproximadamente en la modalidad CAS, sin previo concurso público, más aún que muchos de ellos no cumplen con el perfil del cargo asignado.

Uno de ellos es el servidor Jhonny Galan Lusa, quien viene laborando con el cargo de asistente administrativo en la modalidad de CAS sin previo concurso, quien es bachiller en derecho según la Sunedu y viene laborando en la unidad de personal, en el área de selección como responsable, no obstante el MOF de la institución exige que debe ser profesional universitario, colegiado y habilitado, con lo cual se estaría efectuando un pago indebido que no le corresponde.

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Asimismo se identificó al servidor Johel Castro, bachiller en Ciencias Contables y Financieras, quien desde el 22 de abril del 2022, viene laborando en el cargo de técnico administrativo en la modalidad CAS sin previo concurso.

En esta misma situación están los servidores Anthony Mendoza, Jaquelin Ávila, Samuel Mendoza, Edgar Araujo, quienes están con laborando por CAS, pero no accedieron al puesto bajo concurso público contraviniendo las normas.

La Contraloría alertó que de continuar la situación adversa se estaría poniendo en riesgo la selección de servidores públicos calificados para el nosocomio regional, limitando la participación de más profesionales que cumplirían el perfil en las diversas plazas, afectando la transparencia de los contratos, motivo por el cual se remitió el informe a los directivos de la institución a fin de que tomen acciones.