Una serie de deficiencias y limitaciones que ponen en riesgo el inicio de las clases presenciales en diversas instituciones educativas de la región alertó la Contraloría General durante el mega operativo de control al buen inicio del año escolar 2022.

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Limitaciones alertadas por la Contraloría General

Según el informe de la Contraloría, a más del 43% de las instituciones educativas públicas de la región aún les falta docentes para cubrir algunas secciones, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad que en Ayacucho inició el 14 de marzo en la mayoría de instituciones, pero que aún faltan otros que deberán iniciar como máximo el 28 de marzo.

El operativo se realizó a 283 instituciones públicas de primaria y secundaria, pero 11 instituciones estaban cerradas, por lo que se recolectó información sólo de 272.

Cabe señalar que para la ejecución del operativo en toda la región, se desplegó 57 auditores y monitores ciudadanos de control, desde el 31 de enero al 18 de febrero de este año, revelando problemas y carencias, así como oportunidades de mejora que deberán ser implementadas por los responsables del sector educación.

También se verificó las condiciones de bioseguridad ante el Covid-19; documentos de gestión institucional, así como lo relacionado a la infraestructura, el equipamiento y la prestación de los servicios básicos.

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Entre otras situaciones de riesgo identificadas se tiene la carencia de cuadernos de trabajo, falta de docentes y tabletas inoperativas o deterioradas que se encuentran inoperativas, con pantalla rajada u otros en 162 instituciones.

Asimismo, en cuanto a la infraestructura, se evidenció que de las 283 instituciones visitadas, la mayoría presentan mal estado en ventanas, techos, puertas, paredes, pisos, cerco perimétrico, losas deportivas, o la carencia de infraestructura deportivas, entre otros, que podrían afectar la integridad y salud de la comunidad educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, propiciaría el ingreso de personas no autorizadas, accidentes y exposición a peligros naturales y fenómenos climáticos.

También se detalla carencias en servicios básicos, como la falta de servicio de telefonía, falta de dotación, mantenimiento o sustitución de retretes, urinarios o lavatorios, carencia de internet, del servicio de recolección de residuos sólidos, de desagüe, entre otros, que afectarían la continuidad y calidad de las labores educativas, así como la salud de la comunidad educativa.

Del mismo modo, en estas instituciones también se alertó una limitada implementación de protocolos de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria, como la falta de señalización para asegurar el aforo máximo permitido y el uso de mascarillas, necesidad de ambientes con adecuación del distanciamiento físico, lavado de manos, garantizar que los docentes cuenten con las dosis de vacunación y otros.

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