La denuncia por presunto acoso político realizado por la vicegobernadora regional Gloria Falconí en contra del gobernador Carlos Rua generó posiciones divididas entre algunos miembros del Consejo Regional de Ayacucho, donde por un lado la consejera Cleofé Pineda manifestó que esta acusación no tendría fundamento, sin embargo su colega, Elízabeth Prado Montoya aseguró que si habría un acoso y persecución política en contra de la segunda autoridad regional.

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Denuncia generó posiciones divididas

La consejera por Huamanga, Elízabeth Prado, manifestó que su pronunciamiento es más como mujer autoridad e indicó que por la forma como se desarrollaron las cosas en estos años de gestión si se puede hablar de un caso de acoso político permanente en contra de la vicegobernadora, el cual se habría evidenciado más con la última decisión de no permitirle participar en la Cumbre de Gobernadores desarrollado en Argentina.

Precisó que según el documento, la invitación fue para las autoridades políticas y no para funcionarios, donde el gobernador si no pudo viajar, debió gestionar que en su representación viaje la vicegobernadora, pero que en caso de Ayacucho no pasó ello y se decidió enviar a un funcionario de la Dircetur.

“Según las indagaciones la vicegobernadora estuvo esperando que le remitan el documento para solicitar la autorización y la adquisición de pasajes, pero nunca le comunicaron, porque el reglamento dispone que las autoridades tienen que solicitar permiso del consejo regional cuando se trata un viaje al exterior del país”, precisó.

Elízabeth Prado, quien también fue parte del equipo de Carlos Rua junto a Gloria Falconí, durante la campaña electoral, manifestó que desconoce las causas de que el gobernador tenga una actitud confrontacional con la vicegobernadora, por lo que lo instó a responder ante esta grave acusación.

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Añadió que el rompimiento de relaciones entre ambas autoridades habría sido desde hace mucho tiempo, casi al concluir el primer año de gestión, donde fue evidente el relego que le hicieron a la segunda autoridad para gobernar sólo con el equipo de profesionales que lo acompañan como funcionarios.

Sobre este tema se consultó a la gerente regional de Desarrollo Social, Lorena Hermoza, quien prefirió mantenerse al margen y evitar emitir una opinión. “Creo que eso le corresponde responder al gobernador, yo soy una funcionaria que viene trabajando en el marco de mis funciones y ese es el rol que nos corresponde. Tanto el gobernador y vicegobernadora son autoridades y a ese nivel deben responder en estos casos”, precisó.

Añadió que desde la gerencia se viene trabajando para la prevención de casos de violencia en el ámbito de la región a fin de reducir los índices de violencia.

Por otro lado, la consejera Cleofé Pineda si se pronunció sobre este tema y aseguró que no habría ninguna vulneración a los derechos de la vicegobernadora, ya que ella debió dar trámite a los documentos y no lo hizo.

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