“Hay un caos de gobernabilidad en la región”
“Hay un caos de gobernabilidad en la región”

Ante la falta de gobernabilidad en la región Ayacucho, debido a la situación legal de las autoridades del Gobierno Regional, los miembros de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP) convocaron a una reunión de trabajo urgente donde identificarán acciones para garantizar la institucionalidad y la democracia.

“Estamos en un caos político, porque no sabemos lo que va suceder, la corte de Ica no se pronunció, y como salir de ello es lo que queremos que las autoridades de provincia ayuden a solucionar”, explicó en el excoordinador de la MCLP, Francisco Charmberlain.

En la reunión se buscará que el gobernador encargado, Víctor de la Cruz explique las alternativas de solución a este casos de ingobernabilidad, frente a diversos panoramas legales que podría afrontar el gobernador titular.

Por otro lado, exigirán que el Consejo Regional tome las acciones pertinentes, debido a que la inestabilidad también se trasladó a los gobiernos locales.

En ese sentido, el coordinador del pacto de gobernabilidad de la MCLP, Celso Oróstegui, explicó que cada consejero encabezará una mesa a fin de que escuche las demandas de su población y con asesoramiento técnico, arribe a propuestas de solución.

“Desde la firma del pacto de gobernabilidad se esperaba que el gobierno de turno presente su equipo de trabajo y su plan de trabajo, con el aval del Consejo Regional, pero ante esta situación de caos, esta entidad ya debió ponerse fuerte”, sostuvo Oróstegui.

Oróstegui indicó que esta ingobernabilidad se debe a la alta rotación de funcionarios y a la falta de institucionalidad, lo cual se solucionaría si en cada nivel de gobierno existiría una ruta definida.

Concluyó que existe un debilidad institucional, debido a que no están haciendo cumplir las políticas.

En el foro se organizarán doce mesas temáticas, once por el número de provincias y una más para desplazados y víctimas de la violencia.

Al evento están convocados los representantes de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Ayacucho, el Consejo Regional, alcaldes de provinciales y distritales, así como la sociedad civil.

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