Inician investigación por presuntas anomalías en el hospital regional de Ayacucho

El Ministerio Público, a través de la fiscal Mirla Ramírez y mediante la carpeta fiscal N°1606015500-2019-712-0 abrió investigación preliminar al gobernador regional, Carlos Rua, y el exgobernador Wilfredo Oscorima, por el presunto delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos.

La denuncia fue interpuesta por el secretario del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho, Edgar Castro, por presuntas irregularidades en los procesos de compra, prestación de servicios y contratación de personal en la antigua y nueva infraestructura del hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena.

DETALLES. En los hechos materia de la denuncia se detallan: el presunto delito de malversación de fondos por haber realizado la compra de dos juegos de ternos para el personal administrativo del hospital utilizando el presupuesto asignado al funcionamiento del nuevo hospital; también está el presunto delito de colusión imputado a los funcionarios del gobierno regional quienes habrían adquirido equipos de segunda del sistema de caldero y aire acondicionado para el nuevo hospital, es por ello que no se garantizaría el funcionamiento; asimismo se denunció la contratación de 80 profesionales para que trabajen en la nueva infraestructura del hospital que aun no se encuentra en funcionamiento y se estaría pagando doble remuneración asignada a cada plaza.

En el cuarto hecho se detalla el presunto delito de negociación incompatible por haber realizado la adquisición del tanque criogénico para el oxígeno del nuevo hospital cuando no se contaba con un buzón que permita su uso; asimismo, que el mes de agosto se habría pagado a funcionarios del hospital regional por concepto de horas complementarias, retenes prohibidos y guardias, también están investigando a la Jefa del Banco de Sangre, por haber cobrado concepto de guardias cuando dicho personal solo habría trabajado hasta las 3 y 4 de la tarde, dice el documento.

Teniendo en cuenta estas denuncias la fiscal pidió un informe documentado de las compras que se hicieron, de los servicios que se prestaron y las contrataciones del personal, dio un plazo de cinco días para que se le pueda remitir la información.

No obstante, el secretario del sindicato manifestó que espera que se investiguen a fondo los hechos denunciados y que el gobernador termine de recibirlos.